IU y el PCE presentan una querella contra autoridades israelíes por el asalto a la Flotilla Global Sumud
Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han presentado este jueves una querella ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional contra varias autoridades israelíes, a raíz del asalto a la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza. Los hechos denunciados están relacionados con presuntos delitos de detención ilegal, piratería, tortura y delitos contra personas y bienes en el contexto de conflicto armado, enmarcados en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Detalles de la querella y autoridades señaladas
La querella, anunciada en el Congreso por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y Enrique Santiago, responsable de Justicia e Interior de IU y portavoz en el Congreso, se dirige contra varias autoridades israelíes que habrían participado o sido responsables del operativo:
- Ramatcal Eyal Zamires, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel
- Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales israelíes, principal responsable del asalto a la flotilla
- Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión Ketziot y general de brigada del Sistema Penitenciario de Israel, acusado de la comisión de torturas durante la detención y de la falta de investigación al respecto
- Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, de quien depende el Servicio Penitenciario de Israel
La querella también se extiende a cualquier otra autoridad política, policial o militar que pudiera resultar responsable según avance la instrucción judicial.
Hechos denunciados y contexto legal
Los eventos denunciados ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando tropas israelíes interceptaron y abordaron los barcos de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, aproximadamente a unas 70 millas náuticas de la costa, fuera de la jurisdicción israelí. En el momento del asalto, varias de las embarcaciones navegaban bajo bandera española y contaban con tripulantes de nacionalidad española.
Según el escrito presentado, las fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones por la fuerza, tomando control de los buques y destruyendo materiales de grabación y transmisión de imágenes y sonido, lo que dificultó la comunicación con el exterior y con los medios de comunicación. Además, los ocupantes de la flotilla fueron detenidos de manera ilegal, en particular decenas de ciudadanos españoles, y sometidos, según la denuncia, a torturas y malos tratos físicos y psicológicos.
Implicaciones internacionales y violación del derecho marítimo
IU y el PCE sostienen que el asalto se produjo en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece la soberanía de los estados en las 12 millas náuticas adyacentes a su costa, ampliables hasta 24 en algunos casos. Los denunciantes subrayan que la intervención israelí tuvo lugar en alta mar, en una zona no sujeta a la jurisdicción de Israel, y cuestionan la legalidad de la autoproclamada zona de exclusión marítima impuesta por el Estado israelí en aguas internacionales.
En este sentido, los querellantes recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la falta de validez de este tipo de declaraciones unilaterales que afectan a territorios y aguas no reconocidas internacionalmente como propias.
Acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad
En la querella, IU y el PCE argumentan que los hechos denunciados constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al suponer un ataque directo a población civil protegida y a personas que transportaban ayuda humanitaria. Además, se denuncia la obstaculización de la entrada de material humanitario a Gaza, lo que, según los denunciantes, contribuye a la creación de condiciones de vida que ponen en riesgo la supervivencia de la población palestina, en el contexto de un bloqueo considerado ilegal por la Corte Penal Internacional.
- Detención ilegal sistemática de tripulantes y pasajeros
- Destrucción de bienes y material de comunicación
- Impedimento de la labor humanitaria
- Torturas y malos tratos físicos y psíquicos
- Apropiación de los buques
Los representantes de IU y el PCE insisten en que la Audiencia Nacional debe abrir una investigación, dado que los hechos afectan directamente a ciudadanos españoles y a embarcaciones bajo jurisdicción española, en una acción perpetrada en aguas internacionales.
Relevancia y próximos pasos judiciales
La querella presentada marca un nuevo capítulo en la respuesta judicial española ante acciones militares en el exterior que afectan a ciudadanos y bienes nacionales. El desarrollo de la instrucción podría determinar la responsabilidad de otras autoridades israelíes, tanto políticas como militares, en los sucesos denunciados. El caso pone el foco en la protección jurídica internacional de las misiones humanitarias y la defensa de los derechos de la población civil en situaciones de conflicto armado.
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