¿Cómo funciona el registro de tierras en Cisjordania llevado a cabo por Israel?
El Gobierno de Israel ha dado un paso significativo en su política territorial al aprobar la reanudación del proceso de registro de tierras en Cisjordania como “propiedad del Estado”. Se trata de una medida que busca regularizar, para el año 2030, al menos el 15% del territorio bajo control israelí en esta región, una decisión que ha suscitado controversia tanto a nivel local como internacional.
Antecedentes: Paralización y reactivación del registro
El registro de tierras es un procedimiento mediante el cual se determina y oficializa la titularidad de un terreno ante el Estado. Este proceso fue interrumpido en 1967, tras la ocupación israelí de Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, debido a una orden militar que impedía a Israel ejercer soberanía plena en los territorios ocupados, conforme al derecho internacional.
No obstante, el 15 de febrero de 2026, el Ejecutivo israelí aprobó la reactivación de este registro, pese a que contraviene resoluciones recientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia, que consideran la ocupación de Cisjordania incompatible con la legalidad internacional.
Detalles del plan y recursos asignados
Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, el gobierno ha asignado un presupuesto de 244,1 millones de séqueles (aproximadamente 67 millones de euros) para los próximos cinco años. Además, se ha establecido un calendario de ejecución y equipos especializados, y se creará una nueva Administración de Registro de Títulos de Propiedad bajo la tutela del Ministerio de Justicia de Israel, que se encargará de supervisar y coordinar todo el proceso.
Aplicación en el Área C de Cisjordania
La medida afecta directamente al Área C de Cisjordania, que representa el 60% del territorio total de la región. Según los Acuerdos de Oslo, Cisjordania se divide en tres zonas:
- Área A: Bajo administración y seguridad palestinas.
- Área B: Administración palestina y seguridad israelí.
- Área C: Administración y control militar israelíes.
En el Área C residen entre 185.000 y 300.000 palestinos, de acuerdo con la ONG B’Tselem, y más de 325.500 colonos israelíes distribuidos en más de 225 asentamientos y puestos de avanzada.
Implicaciones para la población palestina
El proceso de registro implica que los propietarios palestinos deberán presentar documentación y pruebas ante la burocracia israelí para demostrar la titularidad de sus tierras. Este requisito supone una barrera legal considerable, y en muchos casos, insalvable para los palestinos, que enfrentan dificultades para acceder a los registros o cumplir los complejos trámites exigidos.
Según Alon Cohen Lifshitz, miembro de la ONG israelí Bimkom, especializada en derechos humanos y ordenación territorial, esta política supone un avance hacia la reclusión de la población palestina en pequeños guetos, profundizando la fragmentación del territorio y dificultando la convivencia.
Precedentes en Jerusalén Este
Israel ya implementó un proceso similar de registro en Jerusalén Este, zona ocupada desde 1967 y anexionada en 1980. Desde 2018, solo el 1% de las tierras sometidas al registro ha sido reconocido a favor de propietarios palestinos. El grueso de los registros se ha realizado en áreas destinadas a nuevos asentamientos israelíes o la expansión de los ya existentes.
El caso de Silwan: Desplazamiento y demolición
Un ejemplo emblemático de las consecuencias de estas políticas se encuentra en el barrio palestino de Silwan, al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Allí, decenas de viviendas han sido objeto de órdenes de demolición o apropiación por parte de las autoridades municipales, con el objetivo de construir infraestructuras como aparcamientos y parques.
Además, los residentes afectados deben asumir los costes de demolición de sus propias casas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad y desplazamiento de la población palestina.
Conclusión
El relanzamiento del registro de tierras en Cisjordania por parte de Israel representa un nuevo capítulo en el complejo conflicto territorial de la región. Mientras que para el Gobierno israelí supone una vía para consolidar su control y avanzar en la anexión de territorios, para la población palestina significa enfrentar nuevas dificultades legales y el riesgo de perder el acceso a sus tierras ancestrales.
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