La justicia investiga presunto desvío de horas de refuerzo en colegios concertados de una fundación católica en Córdoba
La gestión de fondos públicos en varios colegios concertados de la Fundación Santos Mártires, perteneciente al Obispado de Córdoba, ha entrado en el foco judicial tras una investigación de la Fiscalía. El caso pone en cuestión el uso de recursos destinados a alumnos vulnerables y la correcta aplicación de las llamadas “horas de sobredotación”.
Inicio de la investigación judicial
El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba dirige actualmente las diligencias para determinar si hubo responsabilidad penal en el presunto uso indebido de fondos públicos. La investigación gira en torno al empleo de las horas de sobredotación, que son financiadas por la Junta de Andalucía a través del sistema conocido como “pago delegado”. Estas horas están destinadas, según la normativa, a reforzar la atención educativa de los estudiantes que más lo necesitan y a tareas administrativas vinculadas a esa labor, sin que puedan suponer un ahorro de costes para los centros.
Según fuentes jurídicas, existen indicios de que parte de estos recursos se habrían destinado a otras funciones internas de la fundación, apartándose de su finalidad original. Además, se investiga si ciertos docentes titulares, cuyos salarios se sufragan con fondos públicos, no impartían realmente clases, delegando esa tarea en otros profesores contratados por la fundación con remuneraciones inferiores.
Descontrol en la gestión de fondos desde 2018
Las irregularidades habrían ocurrido, al menos, desde 2018. Informes recabados señalan una falta de control en la gestión de los fondos públicos destinados a las nóminas del profesorado en seis colegios concertados: Trinidad, San Rafael Obispo, Sansueña, Escuelas Pías de la Inmaculada, Jesús Nazareno y San Acisclo y Santa Victoria, todos bajo la gestión de la Fundación Santos Mártires.
Una inspección realizada por la Junta de Andalucía en noviembre de 2025 constató que las prácticas bajo sospecha persistían, incluso mientras la Fiscalía llevaba a cabo su investigación prejudicial.
El sistema de pago delegado y su función
El pago delegado es el mecanismo por el cual las consejerías de educación autonómicas abonan las nóminas del profesorado de los colegios concertados. Son los propios centros quienes contratan al personal docente y deben justificar tanto las horas de clase como las ausencias y permisos. Los acuerdos entre la Junta, la patronal y los sindicatos establecen que las horas de sobredotación deben emplearse exclusivamente en el refuerzo educativo de alumnos con necesidades específicas o en tareas propias de los equipos directivos, nunca para ahorrar costes o desviar fondos.
Posibles vulneraciones a los derechos del alumnado
Fuentes del sector educativo advierten que la supuesta desviación de estas horas habría privado durante años a estudiantes vulnerables del apoyo educativo al que tienen derecho. La Fiscalía estudia si esta situación podría haber supuesto la vulneración de derechos fundamentales de estos alumnos y alumnas.
Llamadas a declarar y nuevas líneas de investigación
El juzgado ha iniciado citaciones a responsables de recursos humanos de los centros implicados para esclarecer si sus salarios provienen del sistema de pago delegado o de los fondos propios de la fundación. Además, se indaga si el exdirector de uno de los colegios habría cobrado como docente sin impartir clase, mientras dirigía una academia de idiomas de la fundación. Según la investigación, su puesto habría sido ocupado por otro profesor con salario inferior, pagado incluso con fondos europeos del programa Erasmus+.
Reacciones de las partes implicadas
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha señalado que no realizará comentarios mientras la investigación siga abierta. Por su parte, la Fundación Santos Mártires ha transmitido su “tranquilidad y confianza a la espera de poder aclarar cuestiones de organización” y asegura estar colaborando con las autoridades en todo lo relativo a la gestión educativa de los centros concertados.
Claves del caso
- La investigación afecta a seis colegios de la Fundación Santos Mártires en Córdoba.
- Se cuestiona el uso de fondos públicos destinados a refuerzo educativo para alumnado vulnerable.
- El sistema de “pago delegado” exige la justificación estricta de horas lectivas y refuerzos.
- Existen sospechas de que algunos titulares no impartían clase, siendo sustituidos por personal con salarios inferiores.
- La Fiscalía analiza si se han vulnerado derechos del alumnado por la falta de apoyo educativo.
El proceso judicial continúa en marcha a la espera de nuevas declaraciones y de la recopilación de pruebas que permitan esclarecer si se produjo un uso indebido de fondos públicos y en qué medida pudo afectar a la educación de los estudiantes más vulnerables.
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