Informe interno cuestiona a Torres: solo dos de cinco mascarillas compradas eran aptas

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Un informe interno pone en entredicho la defensa de Torres: la mitad de las mascarillas compradas no eran idóneas

Un reciente documento del Servicio Canario de la Salud podría debilitar de manera significativa la defensa de Ángel Víctor Torres, actual ministro y expresidente del Gobierno de Canarias durante la pandemia. El informe revela que, de los cinco modelos de mascarillas adquiridos para el archipiélago, solo dos superaron sin objeciones las pruebas sanitarias, mientras que el resto presentaba defectos o directamente no eran aptas para el uso previsto.

Detalles del informe de valoración

El informe, firmado por la Directora Gerente María Mercedes Cueto Serrado, analiza la idoneidad de los equipos de protección individual recibidos, en respuesta a una solicitud formal de valoración. Desde el departamento de riesgos laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, se evaluó cada uno de los modelos suministrados en el contexto de la emergencia sanitaria.

  • Mascarilla KN95 FPP2 FDA: Aunque el envase indicaba certificación bajo el estándar chino, también especificaba que no era de uso médico, por lo que se descartó su idoneidad.
  • Mascarilla KN95 GB2626-2006: Cumplía con los estándares chinos para equipos de protección respiratoria y se consideró equivalente a una FFP2 europea; fue aceptada.
  • Mascarilla KN95 OPOGER: Contaba con certificación china adecuada y también se admitió como equivalente a FFP2.
  • Mascarilla EPI KN95 STANDARD 6B 2626: Aunque indicaba cumplimiento con normas europeas y chinas, carecía de la codificación oficial europea exigida para equipos de categoría III. Se descartó por no ofrecer garantías suficientes.
  • Mascarilla 3 capas EN 149 FFP1: Indicaba estar certificada bajo el estándar europeo FFP1, pero la clasificación era incorrecta, ya que no se trataba de un equipo de protección individual, sino de mascarillas quirúrgicas, para lo cual sí resultaban aptas.

En resumen, tres de los cinco modelos presentaban advertencias o no cumplían los requisitos necesarios para la protección sanitaria que se esperaba durante la crisis del COVID-19.

Presión para acelerar pagos a proveedores cuestionados

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al juez Leopoldo Puente, recoge además la intensa relación entre Ángel Víctor Torres y Koldo García Izaguirre, implicado en la trama de suministros. Según la documentación, Torres mantuvo frecuentes contactos con García durante todo el periodo investigado y habría intercedido para agilizar los pagos a las empresas proveedoras a pesar de las objeciones internas.

El informe detalla incluso mensajes en los que Torres muestra su malestar ante la responsable económica de la sanidad canaria, Ana Pérez, por las trabas en la gestión de las facturas, llegando a expresar: “me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire”.

La presión llegó a tal punto que, ante reclamaciones y advertencias sobre la calidad del material recibido, Torres insistió en resolver los pagos pendientes con la máxima celeridad. En otro mensaje, informa a Koldo García de que está “encima de la factura” y promete dar una solución inmediata, además de citarle para un encuentro y mencionar reuniones de alto nivel con otros responsables políticos.

Consecuencias políticas y administrativas

La documentación interna y las comunicaciones recogidas por la UCO ponen en evidencia la existencia de presiones para completar los pagos, incluso cuando los informes técnicos advertían de la falta de idoneidad de parte del material recibido. Esta situación añade un nuevo elemento de controversia a la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia en Canarias y podría tener repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político.

El informe concluye con la firma del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, quien comunica formalmente las evaluaciones a los efectos oportunos, dejando constancia de que cerca de la mitad de los modelos analizados no ofrecían las garantías exigidas para su uso sanitario.

Nota:

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