Igualdad limitará ayudas contra la violencia machista a entidades abolicionistas

Igualdad propone restringir las ayudas contra la violencia machista a entidades con postura abolicionista

El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso de modificación de las bases reguladoras de dos subvenciones públicas clave en la lucha contra la violencia de género y el apoyo a víctimas de trata con fines de explotación sexual. La medida, impulsada por la ministra Ana Redondo, busca que solo aquellas organizaciones que reconozcan en sus estatutos o en su trayectoria la prostitución como una «forma de violencia contra las mujeres» puedan acceder a estas ayudas.

Condicionamiento ideológico en el acceso a fondos públicos

Diversas organizaciones sociales y académicas han manifestado su preocupación por lo que consideran un condicionamiento ideológico explícito. Según el nuevo planteamiento, solo las entidades que adopten una perspectiva abolicionista —es decir, que consideren la prostitución una forma de violencia— podrán optar a las subvenciones. Este requisito, aseguran, excluye a colectivos que trabajan desde enfoques de derechos humanos y reducción de daños.

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), junto a otras 33 organizaciones y más de un centenar de profesionales y activistas, ha presentado alegaciones formales a la propuesta. Irene Adán, antropóloga e integrante de CATS, considera que la modificación supone mucho más que un ajuste técnico y advierte que responde a una tendencia ya presente en anteriores convocatorias, como el Plan Camino, donde la financiación se dirigió mayoritariamente a entidades abolicionistas.

Ausencia de respaldo legal y controversia jurídica

Uno de los principales argumentos de las alegaciones es la falta de respaldo normativo para equiparar legalmente la prostitución a una forma de violencia contra las mujeres en España. Las entidades firmantes subrayan que la prostitución no está tipificada como delito ni definida jurídicamente como violencia en la legislación estatal. Por tanto, condicionar el acceso a fondos públicos a una interpretación ideológica concreta podría vulnerar el principio de neutralidad de la administración.

Además, señalan que los marcos internacionales citados por el Ministerio, como el Convenio de Estambul, no avalan tal equivalencia. Según Adán, dicho convenio insta a combatir la violencia que puede producirse en contextos de explotación y trata, pero no define la prostitución per se como violencia.

Impactos sobre el pluralismo y la eficacia de las políticas públicas

Más allá del debate legal, colectivos y expertos advierten sobre las consecuencias prácticas que podría tener esta reforma. En primer lugar, alertan sobre la restricción del pluralismo en un ámbito donde no existe consenso ni político ni social. La diversidad de enfoques —desde la abolición hasta la defensa de derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales— ha caracterizado históricamente el trabajo en este sector.

En segundo lugar, la exclusión de organizaciones con experiencia acreditada podría afectar negativamente el diseño e implementación de políticas públicas. Según las entidades demandantes, limitar las ayudas a una sola visión ideológica reduce el número y la diversidad de proyectos, y perjudica a las destinatarias finales de estos programas.

Precedentes internacionales y riesgos de exclusión

Desde los colectivos de trabajadoras sexuales la alarma es aún mayor. Kenia García, representante del colectivo de prostitutas de Sevilla, compara la situación con lo ocurrido en Estados Unidos en 2003, cuando una ley obligó a las ONG receptoras de fondos públicos a adoptar una postura abolicionista. Según García, “las consecuencias fueron nefastas”, ya que muchas organizaciones se vieron forzadas a cancelar proyectos de apoyo a las trabajadoras sexuales, lo que incrementó su aislamiento social y la desconfianza hacia las entidades.

• Imposibilidad de trabajar por la salud y los derechos de las prostitutas sin estigmatizarlas
• Fragmentación del tejido asociativo
• Mayor aislamiento social de las trabajadoras sexuales
• Autocensura de las entidades para no perder financiación

Los colectivos insisten en que oponerse a la modificación no equivale a negar la existencia de violencia, explotación o trata. Su crítica se basa en que la lucha contra estas realidades no puede imponerse desde un único marco ideológico, sino que debe basarse en criterios técnicos, objetivos y no discriminatorios, valorando la eficacia e impacto real de los proyectos.

Advertencia sobre el efecto contrario al buscado

Para colectivos como CATS y representantes como Kenia García, el riesgo de las nuevas medidas es que provoquen el efecto contrario al pretendido: mayor estigmatización, menor acceso a servicios y menos cooperación entre prostitutas y sistemas de asistencia. “Al final, las perjudicadas una vez más serán las putas y las víctimas de trata”, advierte García.

Recursos de atención y asistencia

El teléfono 016 presta atención a todas las víctimas de violencia machista y a sus entornos, disponible las 24 horas del día y en 53 idiomas. También se puede contactar mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600000016. Los menores de edad pueden recurrir a la Fundación ANAR llamando al 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112, al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil). Quienes no puedan realizar una llamada pueden utilizar la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta con geolocalización directamente a la policía.