ICE: El temido brazo policial de la nueva era Trump en Estados Unidos
A partir de enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) experimentará una transformación sin precedentes. Su presupuesto anual se cuadruplicará, augurando una intensificación de las operaciones contra migrantes y un impacto profundo en la vida de comunidades enteras dentro de Estados Unidos.
Una nueva cotidianidad marcada por el miedo
En la actualidad, las calles de Estados Unidos reflejan una realidad alarmante: agentes encapuchados del ICE realizan detenciones en pleno día, introduciendo a personas en furgones sin distintivos. Los pasamontañas, gafas oscuras y accesorios para ocultar la identidad han pasado a formar parte del uniforme habitual de los agentes. Antes de recurrir a la Guardia Nacional para presionar a ciudades tradicionalmente demócratas, el presidente Donald Trump ya había desplegado grandes contingentes del ICE en urbes como Los Ángeles, Chicago y Portland, generando una atmósfera de temor generalizado.
Ante la ausencia de una policía federal con competencias amplias en el control del orden público —una labor que recae principalmente en las fuerzas estatales y locales—, la administración Trump ha convertido al ICE en su principal herramienta de intervención a nivel nacional bajo el argumento de la lucha contra la inmigración irregular. De manera paralela, el mandatario ha encontrado en la Guardia Nacional un mecanismo para desplegar fuerzas militares dentro del territorio estadounidense, amparándose en la declaración de supuestas emergencias. Este binomio se ha consolidado como parte de los nuevos métodos con los que el presidente busca ampliar su margen de maniobra.
El ICE como instrumento para sembrar el terror
En lo que va del segundo mandato de Trump, ICE ha demostrado ser un elemento clave para imponer una sensación de indefensión, no solo entre personas sin papeles, sino también en comunidades racializadas y ciudadanos estadounidenses que, por su aspecto o perfil, están expuestos a detenciones arbitrarias. Desde septiembre, el Tribunal Supremo ha autorizado los arrestos basados en perfil racial, lo que ha provocado que incluso ciudadanos con plenos derechos estén en riesgo. Una investigación reciente reveló que al menos 170 ciudadanos estadounidenses habían sido detenidos por el ICE.
El temor no se limita a quienes carecen de documentación. Personas con residencia legal y estudiantes extranjeros también han sido objeto de vigilancia y detención por manifestar opiniones contrarias al gobierno. El caso de los estudiantes Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk, arrestados tras participar en protestas propalestinas, ha generado inquietud en los campus universitarios, donde tanto alumnos como investigadores temen que sus actividades académicas o políticas puedan poner en peligro su estatus migratorio. Así, el ICE ha adquirido, de facto, un papel de policía política, logrando infundir temor con apenas unos pocos casos ejemplares.
De los orígenes de ICE a su transformación bajo Trump
El ICE fue creado en 2003 dentro del Departamento de Seguridad Nacional, con el propósito original de perseguir delitos graves y centrarse en los criminales más peligrosos. Incluso durante la administración de Barack Obama, la agencia mantuvo una actividad significativa, pero sus operaciones se caracterizaban por una selección cuidadosa de objetivos y no por redadas masivas o indiscriminadas.
Al inicio del actual mandato, organizaciones defensoras de migrantes esperaban que el enfoque estratégico se mantendría. Sin embargo, bajo las nuevas directrices, la metodología del ICE ha cambiado radicalmente. Ahora, la prioridad parece ser el número de arrestos, sin importar el perfil de los detenidos. Como resultado, la mayoría de quienes terminan bajo custodia del ICE no tienen antecedentes criminales. Por ejemplo, en la denominada “Operación Midway Blitz” realizada en Chicago, tras tres meses y más de 600 detenidos, solo el 2,6% presentaba antecedentes penales.
Un presupuesto sin precedentes y expansión del cuerpo
Esta evolución se ve impulsada por una inyección presupuestaria histórica. Gracias a la aprobación en el Congreso de la llamada “Big Beautiful Bill”, el presupuesto de la agencia federal pasará de los actuales 10.000 millones de dólares a 75.000 millones en 2026. Este monto supera ampliamente la financiación de otras agencias federales como la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Marshals, la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI.
- Presupuesto actual del ICE: 10.000 millones de dólares
- Presupuesto proyectado para 2026: 75.000 millones de dólares
- Comparación: supera a todas las agencias federales de su tipo
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una campaña de reclutamiento para sumar 10.000 nuevos agentes al ICE, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa y llevar a cabo acciones a gran escala. Expertos en derechos civiles, como la abogada Samah Sisay del Centro para los Derechos Constitucionales, advierten que la presencia del ICE en las calles será aún más visible y que la agresividad de sus intervenciones se ha incrementado notablemente bajo la actual administración.
Perspectivas para 2026: un futuro incierto para las libertades civiles
El futuro inmediato apunta a una mayor militarización de la vida cotidiana en muchas ciudades estadounidenses y a una expansión de los operativos de ICE, con consecuencias directas para migrantes, comunidades racializadas y cualquier persona percibida como opositora al gobierno. La combinación de recursos económicos, personal y nuevas atribuciones legales plantea serios desafíos para los derechos civiles y el tejido social del país.
Mientras se espera la implementación total de estos cambios, diversas organizaciones y expertos advierten sobre el impacto que estas medidas tendrán no solo en quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos, sino en la sociedad en su conjunto.
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