Nuevo modelo de financiación autonómica: envejecimiento, PIB o despoblación, las prioridades de cada comunidad
El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, presentará este viernes el esperado nuevo modelo de financiación autonómica, una reforma largamente demandada por las comunidades autónomas y que promete introducir cambios significativos en el reparto de los recursos estatales.
Reivindicaciones diversas según el territorio
En los últimos meses, las comunidades autónomas han puesto sobre la mesa los criterios que consideran fundamentales para el nuevo sistema. Mientras algunas defienden que debe primar la población ajustada, otras priorizan el Producto Interior Bruto (PIB) regional. Sin embargo, la mayoría insiste en la necesidad de valorar factores como la despoblación y el envejecimiento demográfico, dos realidades que impactan directamente en el gasto público autonómico.
El Gobierno central, por su parte, aún no ha detallado los aspectos específicos del nuevo modelo, aunque sí ha manifestado su intención de combinar fórmulas multilaterales y bilaterales en las negociaciones. En este contexto, se conoce que el sistema podría aportar 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, según ha declarado el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La población ajustada y el debate territorial
La última propuesta formal de Hacienda, presentada hace varios años, se basaba en la población ajustada, aunque no llegó a materializarse. Ahora queda por ver si el Gobierno retoma ese enfoque o plantea un escenario diferente. Lo que sí ha asegurado la ministra Montero es que ninguna comunidad autónoma resultará perjudicada y que el porcentaje de cesión de determinados tributos a las regiones aumentará.
El nuevo modelo también prevé eliminar las entregas a cuenta, una de las piezas clave del sistema actual. Además, deberá contemplar la singularidad catalana, un aspecto pactado entre el Ejecutivo central y el Gobierno liderado por Salvador Illa, aunque aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo sobre la recaudación de impuestos en Cataluña.
Criterios defendidos por las comunidades autónomas
El debate sobre la financiación autonómica siempre ha reflejado la diversidad territorial de España. Algunas regiones reclaman que el sistema tenga en cuenta la dispersión geográfica, mientras que otras defienden criterios diferentes. No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas insisten en que se prioricen la despoblación y el envejecimiento, factores que elevan considerablemente el gasto público regional.
- Ocho regiones —Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja— solicitan que estos criterios sean prioritarios.
- Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía —consideradas comunidades infrafinanciadas— piden que el sistema prime la población ajustada y reclaman la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma la financiación.
- Madrid, Cataluña y Baleares apuestan por que se tenga en cuenta el PIB regional como criterio fundamental.
- Baleares y Canarias proponen que el modelo contemple la insularidad para compensar los sobrecostes derivados de su situación geográfica.
Un consenso político imprescindible
El Gobierno central considera imprescindible alcanzar un acuerdo entre las dos principales formaciones políticas del país, PSOE y PP, para garantizar la viabilidad y estabilidad del nuevo sistema. Por ello, el Ejecutivo ha instado a la dirección nacional del Partido Popular a consensuar su posición, dado que sus líderes regionales defienden criterios distintos.
La ministra Montero presentará formalmente el nuevo modelo este viernes en el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, está prevista la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera dedicado exclusivamente a este asunto. Cabe recordar que el Gobierno dispone del 50% de los votos en este consejo, por lo que solo necesitaría el apoyo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta.
Próximos pasos y calendario previsto
Tras su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el modelo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, finalmente, por el Congreso de los Diputados. El objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema entre en vigor en 2027 y cuente con un amplio consenso político y territorial que garantice su estabilidad en el tiempo, aunque desde el Ejecutivo se percibe reticencia por parte del PP para entrar en la negociación.
La reforma de la financiación autonómica es clave para asegurar un reparto más justo y equilibrado de los recursos públicos, teniendo en cuenta la diversidad de realidades sociales y económicas que caracteriza a las comunidades autónomas españolas.
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