Propuesta de nuevo impuesto del 25% para viviendas vendidas en menos de dos años
En un contexto marcado por la dificultad creciente para acceder a la vivienda, una parte del Gobierno ha presentado una propuesta que busca imponer un nuevo gravamen a la compraventa de inmuebles. El objetivo declarado es combatir la especulación inmobiliaria, pero la medida ha generado un intenso debate en el sector y entre los potenciales compradores.
Detalles del nuevo impuesto propuesto
La iniciativa plantea un impuesto adicional del 25% sobre el precio de venta de todas las viviendas que se vendan en un plazo inferior a 730 días (dos años) desde su adquisición. Esta medida, ya registrada como propuesta en el Congreso, contempla ciertas excepciones, como los casos de necesidad motivados por enfermedad, la adaptación por razones de accesibilidad universal o cambios significativos en la unidad familiar.
- Gravamen del 25% sobre la compraventa si la venta ocurre en menos de dos años.
- Excepciones por motivos de enfermedad, accesibilidad o cambios familiares.
Argumentos y justificación de la propuesta
Según los impulsores, el propósito central es frenar la especulación inmobiliaria y evitar que una parte minoritaria de la sociedad, junto a fondos de inversión nacionales e internacionales, acumulen propiedades para obtener beneficios rápidos. Alegan que esta práctica ha dificultado el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, aumentando la vulnerabilidad social y limitando las expectativas de desarrollo personal y familiar.
En el texto presentado, se señala: “El precio del alquiler o de la compra de la primera vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía. En España se está acelerando un proceso de acaparamiento de vivienda que está impidiendo el acceso a la misma a una mayoría social, con especial vulnerabilidad para la gente joven, con todas las consecuencias para el desarrollo de sus vidas que ello conlleva”.
Contexto del sector y datos recientes
La problemática no es nueva. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre experimentó un incremento del 12,7% en el segundo semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, la mayor subida interanual desde 2007. Además, solo el 20% de las compraventas en 2025 se destinaron a la primera residencia, mientras que gran parte de las hipotecas concedidas en 2024 (un 56%) tuvieron como fin la inversión o la especulación, según la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).
- Incremento interanual del 12,7% en el precio de la vivienda libre.
- Solo el 14% de las hipotecas fue para primera vivienda en 2024.
- El 56% de las hipotecas se destinó a inversión o especulación.
Debate sobre el impacto y las causas
La propuesta ha suscitado preguntas sobre su efectividad y posibles consecuencias. Algunos expertos advierten que aumentar la carga fiscal sobre las transacciones rápidas podría repercutir en un incremento de los precios finales, ya que los propietarios podrían trasladar el coste adicional a los compradores. Además, se señala que la raíz del problema podría estar en las restricciones a la construcción y la escasez de nueva oferta, factores que contribuyen al alza de los precios y a la falta de acceso a la vivienda.
Los defensores del nuevo impuesto sostienen que existe una responsabilidad constitucional y ética de tomar medidas urgentes para frenar tanto el acaparamiento de propiedades como la escalada sin precedentes de los precios, que consideran una amenaza para un derecho fundamental. Asimismo, critican la proliferación de figuras públicas que promueven métodos de enriquecimiento rápido a través de la especulación inmobiliaria, sin visibilizar el impacto social negativo que esto genera.
Perspectivas y próximos pasos
La propuesta aún debe ser debatida en el Congreso y se prevé que genere controversia entre los distintos sectores políticos y económicos. Mientras tanto, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos sociales y económicos del país, con la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y el dinamismo del mercado inmobiliario.
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