El Gobierno impulsa una nueva ley para reforzar la integridad pública y combatir la corrupción
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley de integridad pública, una normativa que busca endurecer las medidas contra la corrupción en empresas y partidos políticos. La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de presentar los principales puntos de la propuesta durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa.
Un marco legal más exigente contra la corrupción
La nueva ley, calificada por el Ejecutivo como “ambiciosa”, contempla un total de 84 medidas que suponen la modificación de ocho leyes existentes, incluyendo seis de carácter orgánico. Muchas de estas iniciativas forman parte de los compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado verano como parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado tras los recientes escándalos que han sacudido la política nacional.
Principales novedades para empresas y partidos políticos
- Registro público de empresas sancionadas: A partir de la entrada en vigor de la ley, el listado de compañías con prohibiciones para contratar con la administración será de acceso público, facilitando así la transparencia y el control ciudadano.
- Aumento de las penas de inhabilitación: Las empresas condenadas por delitos de corrupción verán incrementado el periodo de inhabilitación para contratar con el sector público, pasando de los actuales 15 años a 20 años.
- Control reforzado en partidos políticos: La normativa incrementa las exigencias sobre la transparencia y el control de las donaciones a partidos políticos. Además, se establece la obligación de someter sus cuentas a auditorías externas.
- Nueva Agencia Independiente de Integridad Pública: Se crea un organismo autónomo encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y velar por la integridad en la gestión pública.
- Ampliación del plazo de prescripción de delitos de corrupción: El periodo legal para la prescripción de estos delitos se extiende de cinco a siete años, con el objetivo de facilitar la persecución judicial de estas conductas.
Compromiso del Gobierno con la transparencia
El Gobierno insiste en que esta reforma responde al compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas. Según Montero, las medidas adoptadas permitirán cerrar grietas legales que hasta ahora dificultaban la lucha efectiva contra la corrupción.
A la espera de conocer el texto definitivo y su tramitación parlamentaria, el anuncio supone un paso adelante en la agenda de integridad pública del Ejecutivo, que aspira a recuperar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos y en el funcionamiento de los partidos políticos.
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