García Ortiz vuelve al Supremo como fiscal tras luz verde de la Fiscalía General

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García Ortiz regresa al Tribunal Supremo como fiscal de la Sala Social tras resolución favorable de la Fiscalía General

Álvaro García Ortiz, quien fuera fiscal general del Estado y recientemente condenado por un delito de revelación de secretos, ha vuelto a ocupar este martes su antiguo puesto como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo. Este movimiento es posible gracias a una decisión adoptada por la actual fiscal general, Teresa Peramato, que permite su reincorporación al Ministerio Público.

Reincorporación tras una condena

García Ortiz ostenta la categoría de fiscal de Sala, el escalón más alto dentro de la carrera fiscal en España. Tras la sentencia que le inhabilitó para ejercer como fiscal general, había solicitado volver a la Sección Social del Supremo, considerada una de las áreas de menor exposición mediática dentro del Ministerio Público, lo que responde a su interés de mantener un perfil más discreto tras el proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado analizó el impacto de la condena sobre el futuro profesional de García Ortiz. Finalmente, Teresa Peramato resolvió que la sentencia —que no implicaba pena de prisión— no impedía su continuidad en la carrera fiscal. Esta decisión se apoya en la normativa que permite a los jueces regresar a su puesto si la condena no incluye privación de libertad, aunque hasta la fecha esta disposición no estaba definida de manera específica para los fiscales.

Detalles de la condena

El Tribunal Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados, y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Recursos y acciones judiciales en curso

La Abogacía del Estado, que ha asumido la defensa de García Ortiz, prevé presentar ante el propio Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia, así como solicitar la suspensión cautelar de su ejecución. Estos pasos son previos a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado un incidente de nulidad, solicitando la anulación de la sentencia condenatoria. El escrito, firmado por María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, se basa en parte en los argumentos de los votos particulares de las magistradas que se opusieron a la condena dentro del propio tribunal.

Sánchez Conde sostiene que la sentencia vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz, al no tener en cuenta el testimonio de los periodistas que declararon en el juicio y que, amparándose en la protección de fuentes, negaron haber recibido la información de parte del exfiscal general.

Perspectivas y debate jurídico

El regreso de García Ortiz a la Fiscalía del Tribunal Supremo reabre el debate sobre la aplicación de las normas de reincorporación tras condenas no privativas de libertad en el ámbito fiscal. Asimismo, los recursos presentados mantienen abierta la discusión jurídica y mediática sobre el alcance de la sentencia y los derechos fundamentales implicados.

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