García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo tras su condena
Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, se integrará en la Sección Social del Tribunal Supremo después de ser condenado a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general. Esta decisión se produce mientras la Abogacía del Estado prepara acciones legales para intentar anular la sentencia dictada en su contra.
Un nuevo destino en el Tribunal Supremo
Fuentes fiscales confirmaron que García Ortiz ha solicitado su incorporación a la Sección Social del Supremo, una de las áreas con menor exposición mediática dentro del Ministerio Público. Esta sección, considerada más tranquila que otras, le permitirá continuar su carrera como fiscal, aunque en un puesto alejado del foco público que conlleva la dirección del Ministerio Público.
Acciones legales para anular la condena
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha anunciado que presentará ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia. Además, solicitará la suspensión cautelar de la ejecución de la condena mientras se resuelve este recurso, con vistas a una posible apelación posterior ante el Tribunal Constitucional.
- Condena: Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado.
- Multa: 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados.
- Indemnización: 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía del Tribunal Supremo también ha presentado un incidente de nulidad, solicitando la anulación de la sentencia. En su escrito, la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde argumenta que la resolución judicial vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al no valorar el testimonio de periodistas que declararon haber recibido el correo filtrado antes que el propio fiscal general.
Incógnitas sobre el futuro profesional de García Ortiz
García Ortiz mantiene la categoría de fiscal de Sala, el mayor rango dentro del Ministerio Público. No obstante, su futuro en la carrera fiscal depende ahora de la Inspección de la Fiscalía General, que deberá determinar si la condena implica su suspensión o expulsión, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Desde el Supremo se considera que una expulsión sería una medida excesiva, aunque aclaran que las consecuencias disciplinarias no son de su competencia.
Contexto de la sentencia
El origen de la condena se encuentra en la difusión de datos reservados relacionados con una investigación de fraude fiscal a Alberto González Amador. El tribunal también valoró la emisión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía, aunque finalmente la consideró no punible. Según la defensa, la sentencia omite hechos relevantes y no tuvo en cuenta pruebas que podrían haber exonerado a García Ortiz, como la declaración de los periodistas que recibieron la información antes de que la tuviera el ex fiscal general.
La resolución final sobre el futuro de García Ortiz está ahora sujeta tanto a la respuesta del Tribunal Supremo ante los incidentes de nulidad presentados como a la posible intervención del Tribunal Constitucional, en caso de que el recurso prospere.
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