Fiscalía solicita la anulación de la condena a García Ortiz por vulneración de derechos fundamentales
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado a la Sala Penal del Alto Tribunal la anulación de la condena impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta petición se fundamenta en la supuesta vulneración de la presunción de inocencia y el derecho de defensa durante el proceso judicial.
Críticas a la valoración de pruebas en el juicio
Según el escrito remitido por Sánchez Conde, al que ha tenido acceso el medio El Español, la Sala Penal habría realizado una “incompleta selección de los hechos” al no tener en cuenta el testimonio de varios periodistas. Estos profesionales declararon en el juicio que habían recibido el correo relacionado con el caso de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— antes incluso que el propio García Ortiz.
El exfiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación por un supuesto delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo vinculado a un procedimiento fiscal contra González Amador. No obstante, la número dos de la Fiscalía argumenta que la conducta de García Ortiz no encaja en el delito imputado, ya que los datos divulgados “ya habían sido difundidos por una pluralidad de medios de comunicación”.
Omisión de testimonios clave y hechos relevantes
El escrito de la Fiscalía subraya que la sentencia del Tribunal Supremo omitió sin justificación el análisis de diversos testimonios que podrían haber exculpado a García Ortiz. Entre ellos, destaca la declaración de periodistas que confirmaron haber tenido acceso al correo en cuestión antes de que llegara a manos del exfiscal general.
Asimismo, se señala que la cadena de televisión La Sexta publicó una noticia sobre el contenido del correo el 2 de febrero de 2024, horas antes de que la Cadena SER informara sobre el mismo asunto y antes de que García Ortiz recibiera dicho documento.
Distribución del correo y divulgación previa
La Fiscalía también pone de relieve que el correo electrónico fue remitido no solo a la Fiscalía de Delitos Económicos, sino también a otros destinatarios relevantes:
- La fiscal superior de la Comunidad de Madrid
- El fiscal encargado del caso González Amador
- El decanato de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid
- La Abogacía del Estado
- La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
En el escrito se destaca que el entorno de la defensa de González Amador realizó una “divulgación sesgada y mendaz” de la respuesta emitida por la Fiscalía al ofrecimiento de conformidad presentado por la defensa.
Revisión de la condena y garantías procesales
La petición de la teniente fiscal pone el foco en la importancia de respetar las garantías procesales de cualquier acusado, especialmente en lo referente a la presunción de inocencia y el derecho de defensa. El caso se encuentra ahora pendiente de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que deberá valorar los argumentos presentados para determinar si procede la anulación de la condena.
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