Conmoción entre fiscales y jueces progresistas tras la condena al fiscal general: acusan “golpe blando”
El reciente veredicto del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un profundo malestar en los sectores progresistas de la judicatura y la Fiscalía. La decisión, comunicada el 20 de noviembre, coincide con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, una fecha con alto valor simbólico en la historia española.
Un fallo que sacude la Carrera Fiscal
En apenas una semana, el Supremo ha resuelto uno de los juicios más mediáticos de la democracia reciente. García Ortiz fue considerado culpable de un delito de revelación de datos reservados, relacionado con la filtración de información sobre la confesión por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal adelantó el fallo a través de una providencia, antes de redactar la sentencia completa, una decisión inusual que ha sido calificada por fuentes progresistas como una “crueldad especial”. La condena fue aprobada por cinco magistrados –Martínez Arrieta, Marchena, Berdugo, Lamena y Del Moral– y contó con dos votos en contra, los de las únicas juezas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo.
Detalles de la condena
- Inhabilitación: García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ocupar el cargo de fiscal general del Estado.
- Multa económica: Deberá abonar 7.200 euros por el delito de revelación de secretos (artículo 417.1 del Código Penal).
- Indemnización: Se le impone el pago de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
- Costas procesales: Correrá con los gastos judiciales del proceso.
Reacciones del sector progresista
Fiscales y jueces de sensibilidad progresista han mostrado su estupefacción ante la rapidez y la forma en que se ha comunicado el fallo, señalando la “absoluta indefensión” en la que, a su juicio, queda el fiscal general. Consideran “sorprendente” la elección de la fecha y apuntan a una intencionalidad política en la decisión.
Las fuentes jurídicas consultadas consideran que el fallo representa una suerte de “golpe blando” contra García Ortiz, especialmente ante la supuesta “falta de pruebas” sobre la filtración del correo electrónico. Recuerdan que la única actuación reconocida por el fiscal general fue la elaboración de una nota de prensa para desmentir una información falsa difundida desde el entorno de Ayuso, cumpliendo con su obligación de informar a la ciudadanía y defender la integridad de la Fiscalía.
Implicaciones legales y políticas
La condena de inhabilitación se limita al cargo de fiscal general del Estado, lo que genera sorpresa entre los expertos, ya que la normativa penal establece la inhabilitación para cualquier cargo público. Por tanto, García Ortiz podría continuar su carrera como fiscal de Sala. Tras la notificación, el Gobierno deberá designar un nuevo fiscal general, siguiendo el procedimiento constitucional.
El fiscal general aún puede recurrir la sentencia por vulneración de derechos fundamentales, primero ante la propia Sala Segunda del Supremo, posteriormente ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También existe la posibilidad de solicitar un indulto, aunque ello requeriría una petición formal por parte del propio García Ortiz.
Consecuencias para el caso Ayuso
El fallo supone un respaldo para los intereses de la defensa de González Amador, actualmente procesado por delitos fiscales y falsedad documental. Las fuentes consultadas advierten que la estrategia de la defensa busca, desde el inicio, lograr la nulidad de las actuaciones por fraude fiscal, lo que podría tener repercusiones en otros procesos en curso.
En los próximos días se espera la publicación de la sentencia íntegra, que aportará más detalles sobre los argumentos jurídicos que han llevado a este desenlace. El sector progresista de la judicatura y la Fiscalía permanece atento a las consecuencias de un fallo que, según opinan, marca un precedente en el funcionamiento de la justicia española.
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