Denuncia del fiscal Ignacio Stampa involucra a altos cargos del Gobierno y al PSOE
El fiscal Ignacio Stampa ha presentado una denuncia ante la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en la que detalla una reciente reunión mantenida con personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según el testimonio del fiscal, el encuentro, celebrado el pasado mes de mayo, habría estado motivado por el interés del Gobierno en abordar asuntos relacionados con su salida de la Fiscalía Anticorrupción en 2020. Sin embargo, el contenido de la reunión y las revelaciones incluidas en la denuncia sitúan en el centro de la polémica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Un acercamiento inesperado desde el Gobierno
En su declaración, Stampa relata que el 30 de abril una persona de su entorno le comunicó el interés del Gobierno en contactar con él para disculparse por el trato recibido tras su salida de la Fiscalía Anticorrupción. Al indagar sobre la identidad de los interlocutores, se le informó que el encuentro sería con el empresario Javier Pérez Dolset y con Santos Cerdán, en nombre del Gobierno.
La reunión, finalmente, contó con la presencia de Leire Díez, quien se presentó como la persona designada por el PSOE para “saber qué hay detrás de todo esto” y actuó como intermediaria. Díez excusó la ausencia de Cerdán y aseguró que trasladaría lo conversado a los responsables pertinentes.
Reunión bajo estricta confidencialidad y temas delicados
Durante más de tres horas, los participantes abordaron diversos sumarios judiciales de interés para el Ejecutivo que han sido noticia en los últimos años, como los conocidos “Caso Hidrocarburos” y “Caso Begoña”. Stampa subraya que estos asuntos le resultan ajenos.
Si bien no se le propuso realizar actos ilícitos de forma directa, Stampa denuncia que se le preguntó insistentemente por posibles irregularidades cometidas por fiscales anticorrupción como Alejandro Luzón y José Grinda, así como por el magistrado Manuel García Castellón. Según el fiscal, se intentó obtener información o comentarios que pudieran desprestigiar especialmente al fiscal Grinda, incluso recurriendo a alusiones personales.
Órdenes desde la cúpula del Gobierno
El fiscal indica que, al preguntar sobre el motivo y el momento del contacto, Pérez Dolset le trasladó que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el presidente había dado orden de limpiar, sin límite”, añadiendo que la situación debía revertirse “caiga quien caiga”. También se le informó que tanto el fiscal general del Estado como el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno conocerían los detalles de la reunión.
- Se le ofreció resolver sus litigios pendientes con la administración.
- Se le sugirió la posibilidad de reincorporarse al despacho del “Caso Tándem”.
- Se le prometieron medidas para que “las cosas fueran mejor” en su carrera profesional.
Presiones y promesas de intervención
Stampa relata que, horas después del encuentro, recibió una llamada en la que se le comunicó que sus contenciosos administrativos se resolverían en breve. A pesar de agradecer la gestión por cortesía, reiteró que no había solicitado ningún favor y recalcó que cualquier resolución debía producirse según lo dictado por los tribunales. Además, se le comunicó que se tomarían medidas para facilitar su regreso al “Caso Tándem”, junto al fiscal Miguel Serrano.
Al insistir sobre la naturaleza y el objetivo de la intervención, Díez respondió que siempre actuaba en representación de otros, sugiriendo la implicación directa de altos cargos del Gobierno y del propio fiscal general del Estado.
Implicaciones y repercusiones políticas
La denuncia de Ignacio Stampa abre una nueva polémica en torno a la relación del Gobierno con la Fiscalía y la gestión de asuntos judiciales sensibles. Las declaraciones incluidas en la denuncia apuntan a posibles intentos de injerencia en procesos judiciales y a la participación de altos responsables políticos en la gestión de crisis relacionadas con investigaciones de alto perfil.
A la espera de la respuesta de las autoridades mencionadas, el contenido de la denuncia plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la independencia judicial en España.
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