Familiares de víctimas de ataques estadounidenses en el Caribe denuncian que eran pescadores y no narcotraficantes
Las recientes operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental han generado un fuerte reclamo por parte de familiares de las víctimas, quienes aseguran que sus seres queridos no eran narcotraficantes, sino pescadores dedicados a su oficio. Los ataques, encabezados bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han dejado un saldo de al menos 34 muertos desde septiembre, lo que ha suscitado un intenso debate internacional y graves cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de estas acciones.
Operativos letales y controversia internacional
Hasta el momento, se han contabilizado nueve ataques del Ejército estadounidense contra presuntas “narcolanchas”, siete de ellos en el Caribe, principalmente contra embarcaciones que partían de costas venezolanas. Los dos ataques más recientes, ocurridos en menos de 24 horas, tuvieron lugar en aguas del Pacífico Oriental cerca de Colombia, marcando el inicio de operaciones en esta región y coincidiendo con un tenso intercambio entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump.
Uno de los nombres más mencionados en esta controversia es el de Alejandro Carranza, presunta víctima en uno de los operativos del 16 de septiembre en aguas del Caribe. Según la versión estadounidense, la tripulación abatida estaría vinculada al narcotráfico, mientras que familiares y autoridades colombianas insisten en que se trataba de pescadores.
Testimonios de familiares: vidas dedicadas a la pesca
La familia de Carranza permanece en la incertidumbre sobre su paradero y rechaza cualquier vínculo con actividades ilícitas. “Él es pescador desde hace muchos años, toda su vida ha sido el mar. Sale a faenar por varios días, a veces hasta semanas, y no siempre hay señal para comunicarse. Por eso nosotros no podemos asegurar que haya muerto”, explicó su esposa a medios locales.
El caso de Carranza no es aislado. Chad Joseph, joven de Trinidad y Tobago, también figura entre los desaparecidos tras los ataques. Su madre, Lenore Burnley, relató que la última comunicación fue cuando su hijo le informó que haría un breve viaje en lancha. Joseph vivía en Venezuela y se dedicaba a la pesca. Su familia teme que haya sido una de las víctimas de los operativos estadounidenses.
En el pueblo venezolano de San Juan de Unare, la comunidad lamentó la pérdida de ocho pescadores tras el primer ataque reportado el 2 de septiembre, que dejó un total de once muertos. Las protestas y denuncias fueron rápidamente reprimidas por las autoridades venezolanas, quienes incluso cortaron el suministro eléctrico y eliminaron publicaciones en redes sociales.
Sobrevivientes y antecedentes
Andrés Fernando Tufiño Chila es uno de los pocos sobrevivientes de estos ataques. Mientras EEUU lo acusa de transportar drogas a bordo de un “submarino cargado”, su familia sostiene que solo se dedicaba a la pesca. Aunque Tufiño tiene antecedentes por tráfico de drogas en EEUU, sus allegados insisten en que actualmente no estaba vinculado a ninguna actividad ilegal.
Estos casos reflejan la difícil realidad de los pescadores de pequeñas comunidades costeras, donde las oportunidades económicas son limitadas y, en ocasiones, algunos terminan involucrándose en actividades ilícitas como medio de subsistencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la falta de pruebas y advierten que las ejecuciones extrajudiciales no pueden justificarse, aun en el contexto de lucha contra el narcotráfico.
Cuestiones legales y denuncias internacionales
El Pentágono ha justificado públicamente sus acciones amparándose en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero, que clasifica a ciertos cárteles como “organizaciones terroristas”. La administración estadounidense sostiene que existe un “conflicto armado” contra el narcotráfico, argumento que ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch. Su directora para América, Juanita Goebertus, ha calificado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales” y ha recordado que no hay conflicto armado que avale tales acciones.
- No existen pruebas concluyentes que demuestren la implicación de todas las víctimas en el narcotráfico.
- Familiares y comunidades afectadas denuncian la criminalización sistemática de pescadores.
- Expertos en derecho internacional advierten sobre la ilegalidad de las ejecuciones sin juicio previo.
Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia
La tensión entre ambos países se intensificó tras las declaraciones de Donald Trump, quien calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “matón” y “líder de la droga”. Trump advirtió que “tomaremos medidas muy serias contra él y su país” si no controla la situación, profundizando la crisis diplomática. Por su parte, Petro ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de calumnias y anunciando que se defenderá legalmente en tribunales estadounidenses.
Petro también ha denunciado que los ataques estadounidenses constituyen asesinatos y violan el derecho internacional, además de señalar que la estrategia de Washington busca presionar a Venezuela y facilitar el acceso a sus recursos petroleros debilitando el movimiento democrático en Colombia.
Debate sobre la estrategia antidrogas estadounidense
En medio de la controversia, Donald Trump ha defendido la legitimidad de los operativos, asegurando que la identificación de las “narcolanchas” es inmediata y que las embarcaciones utilizadas no son propias de la pesca tradicional. “Reconocemos la embarcación casi inmediatamente. Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la parte trasera del barco”, afirmó el mandatario, dejando entrever la posibilidad de ampliar las operaciones incluso por tierra.
La guerra declarada por Estados Unidos contra el narcotráfico, lejos de centrarse en los grandes líderes de los cárteles, ha afectado sobre todo a trabajadores del mar, cuya implicación en actividades ilícitas no siempre está probada. Organizaciones internacionales y familiares de las víctimas exigen investigaciones independientes y el respeto a los derechos humanos en el marco de la lucha antidrogas.
Conclusión
El aumento de los operativos militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico Oriental, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha abierto un profundo debate sobre su legalidad, eficacia y consecuencias humanas. Mientras Washington sostiene su postura firme, las voces de las comunidades afectadas y de los organismos internacionales ponen el foco en la necesidad de transparencia, justicia y respeto al derecho internacional.
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