Familia de relatora de la ONU demanda a Trump en EE.UU. por sanciones impuestas

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Familia de Francesca Albanese demanda a Donald Trump por sanciones impuestas en Estados Unidos

La familia de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, ha presentado una demanda judicial en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a altos funcionarios de su administración. La acción legal, interpuesta el miércoles, argumenta que las sanciones decretadas contra Albanese han tenido un impacto profundo tanto en su vida profesional como familiar.

Sanciones por declaraciones sobre el conflicto en Gaza

La denuncia fue presentada por el esposo y la hija de la relatora, quienes sostienen que las medidas adoptadas por Estados Unidos son consecuencia directa de las declaraciones de Albanese sobre el presunto genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza. Según el documento judicial, estas sanciones han resultado en el bloqueo de bienes personales, restricción de servicios bancarios, la suspensión del seguro médico y la imposibilidad de viajar a la sede de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York.

Presunta violación de derechos constitucionales

El texto legal sostiene que las sanciones vulneran la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. Además, se argumenta que la orden ejecutiva que las impuso excede los límites de la autoridad presidencial. La denuncia cita precedentes en los que la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido límites claros a las facultades del presidente, especialmente en decisiones que afectan derechos fundamentales.

De acuerdo con la familia de Albanese, estas medidas han causado un “daño irreparable”, no solo a nivel profesional, sino también en la esfera personal y familiar. El documento destaca que sancionar a una funcionaria de la ONU por ejercer sus funciones constituye un hecho “sin precedentes”.

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Solicitud de medidas cautelares

Ante esta situación, la demanda solicita la suspensión inmediata de la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Trump. Los demandantes argumentan que el único motivo detrás de estas sanciones es la discrepancia con las opiniones expresadas por Francesca Albanese respecto al conflicto israelí-palestino.

Contexto y declaraciones de Albanese

Las sanciones fueron anunciadas en julio por la administración Trump, que acusó a Albanese de liderar una “campaña de guerra política y económica” contra Estados Unidos e Israel, conducta que según la Casa Blanca “no será tolerada”.

En una entrevista concedida el pasado 6 de febrero, Francesca Albanese calificó las sanciones de “brutales” y afirmó: “Estamos siendo tratados como terroristas o narcotraficantes. En mi caso, a diferencia de otros, esto está ocurriendo con la complicidad de mi país, Italia, que se encuentra completamente alineado con Israel. No puedo tener cuenta bancaria ni recibir dinero por mi trabajo. Me han bloqueado todo por las sanciones. Tampoco puedo viajar a Estados Unidos, donde se encuentra la sede de la ONU. Es absurdo”, explicó la relatora.

Implicaciones internacionales

El caso ha generado preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes observan con alarma la sanción a una funcionaria de Naciones Unidas por razones vinculadas al ejercicio de sus tareas diplomáticas y de investigación. La resolución de esta demanda podría sentar un precedente sobre los límites de las medidas ejecutivas estadounidenses y la protección de los derechos fundamentales, incluso en el contexto de tensiones geopolíticas.

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