Versiones enfrentadas de dos ex altos cargos de Ayuso sobre los «protocolos de la vergüenza» en residencias de mayores
Durante la gestión de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid, el tratamiento de los residentes en centros de mayores generó una fuerte polémica, especialmente a raíz de los llamados «protocolos de la vergüenza». Ahora, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno regional han ofrecido ante la justicia versiones contradictorias sobre lo sucedido en aquellas semanas críticas.
Dos relatos opuestos sobre una misma crisis
Ambos ex altos cargos, quienes ocuparon la Dirección de Coordinación Sociosanitaria en diferentes momentos de la administración de Isabel Díaz Ayuso, han comparecido por separado ante los tribunales para esclarecer los hechos relacionados con la gestión de las residencias de mayores durante el periodo más duro de la pandemia.
Mientras uno de los exdirectores sostiene que los protocolos que restringían el traslado de personas mayores desde las residencias a los hospitales fueron órdenes directas y de obligado cumplimiento, el otro exresponsable afirma que estos documentos tenían un carácter meramente orientativo y que su aplicación dependía del criterio médico en cada caso particular.
El impacto de los protocolos en las residencias
El debate se centra en los denominados «protocolos de la vergüenza», documentos internos que, según diversas denuncias y testimonios, establecieron criterios restrictivos para la derivación hospitalaria de personas mayores residentes en centros sociosanitarios. Estos protocolos habrían impedido que centenares de ancianos recibieran atención hospitalaria en los momentos más críticos de la pandemia, lo que generó una significativa alarma social y numerosas investigaciones judiciales.
- Uno de los exdirectores apunta a la existencia de presiones políticas para limitar los traslados a hospitales, priorizando la atención en los propios centros residenciales.
- El otro exresponsable niega que existiera una directriz generalizada y defiende que cada caso se evaluó individualmente.
Consecuencias judiciales y sociales
La contradicción entre ambos testimonios complica la labor de la justicia para determinar responsabilidades. La investigación sigue en marcha y se espera que en los próximos meses se aclaren las circunstancias en las que se aplicaron estos protocolos y si existió una vulneración de derechos de los residentes.
El caso ha reactivado el debate público sobre la gestión de las residencias de mayores en Madrid y el papel de las autoridades durante la emergencia sanitaria, un asunto que sigue generando indignación entre familiares, asociaciones y colectivos de defensa de los derechos de las personas mayores.
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