España, sola en la UE por rechazar los campos de deportación de migrantes impulsados por Meloni

España, aislada en Europa por su rechazo a los campos de deportación de migrantes impulsados por Meloni

La Unión Europea se prepara para aprobar un endurecimiento sin precedentes en sus políticas migratorias, alineándose con propuestas tradicionalmente asociadas a la extrema derecha. La próxima reunión del Consejo de Interior de la UE, prevista para este lunes, podría dar luz verde a la creación de campos de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, una medida que cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, España se mantiene como una de las pocas voces disidentes frente a esta tendencia.

El giro europeo hacia políticas migratorias más restrictivas

La llegada al poder de Giorgia Meloni en Italia supuso un punto de inflexión en el debate migratorio europeo. Pese a su inicial escepticismo respecto a las instituciones comunitarias, la dirigente italiana ha contado con el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha promovido la legalización de los campos de deportación de migrantes fuera de la Unión. Esta postura, que antes se consideraba inadmisible, ha sido adoptada por una amplia mayoría de gobiernos europeos, incluidos algunos liderados por socialdemócratas.

Entre los países que han abrazado estas políticas más restrictivas destacan el Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos, que han impulsado sistemas de deportación similares. En particular, Dinamarca —que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2025— ha presionado junto a Italia para endurecer la respuesta europea ante la inmigración.

España, la gran excepción entre los países del bloque

España se ha posicionado como el principal Estado miembro que rechaza la creación de campos de deportación de migrantes fuera de la UE. Este país, gobernado por una coalición socialdemócrata, advierte de los riesgos legales y éticos de estas prácticas. Incluso otros gobiernos considerados progresistas han acabado adaptando su discurso a las propuestas más estrictas defendidas por la extrema derecha.

Las autoridades españolas y sus aliados argumentan que estos campos podrían vulnerar derechos humanos y contravenir la legislación comunitaria. De hecho, hasta hace poco, la propia Comisión Europea compartía estas dudas. La falta de garantías legales en países terceros y los precedentes documentados de violaciones sistemáticas de derechos generan inquietud sobre la viabilidad y legalidad de estos procedimientos.

• Legalidad y derechos humanos: La principal preocupación es que los campos en terceros países no ofrezcan garantías suficientes para respetar la normativa europea. Los tribunales de la UE podrían anular estas medidas en el futuro.
• Eficacia y costes: Además de las dudas jurídicas, algunos países señalan que los sistemas de deportación resultan ineficaces y costosos. Ejemplo de ello es la experiencia italiana con el traslado de migrantes a Albania, donde los costes logísticos y la falta de compromiso de los países receptores han supuesto importantes obstáculos.

Por otra parte, existe el temor de que los países terceros utilicen la migración como moneda de cambio en negociaciones, exigiendo compensaciones a cambio de aceptar deportados, como ocurre habitualmente entre España y Marruecos.

Debate sobre el reparto de migrantes en la UE

Otro de los puntos clave que se discutirán en el Consejo de Interior es el sistema de reparto de migrantes y solicitantes de asilo entre los Estados miembros. España, considerada por la Comisión Europea como uno de los países “bajo presión migratoria”, no estará obligada a recibir migrantes llegados a otros territorios del bloque, y podría recibir apoyo adicional en forma de solidaridad económica o recursos para gestionar la llegada de personas.

Los países del sur de Europa, principales receptores de migrantes por su ubicación geográfica, reivindican que los Estados del norte acojan una mayor cuota de personas migrantes. Sin embargo, ante la resistencia de varios gobiernos, la Comisión Europea contempla alternativas como la compensación económica o la donación de recursos a los Estados más afectados, lo que augura negociaciones complejas y prolongadas por el elevado componente político y electoral del asunto.

Lista de países seguros y procedimientos acelerados

La UE también negocia la actualización de la lista de países considerados seguros para la deportación de migrantes. Entre los incluidos figuran Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía, Ucrania, Kosovo, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Con algunos de estos países, la Comisión Europea ya ha firmado acuerdos económicos para contener los flujos migratorios hacia el bloque.

La intención es poder tramitar de manera acelerada las solicitudes de asilo de personas procedentes de países en los que menos del 20% de los solicitantes obtienen protección. Este procedimiento exprés contará con menos garantías legales, lo que preocupa especialmente a España, que advierte del riesgo de deportar migrantes a países sin vínculos familiares ni de origen, y de reducir las garantías procesales.

Un consenso europeo cada vez más distante

Mientras la mayoría de los gobiernos europeos parecen dispuestos a endurecer sus políticas migratorias, España se mantiene firme en su rechazo a los campos de deportación y reclama un enfoque más respetuoso con los derechos humanos y la legalidad internacional. El debate, que enfrenta posturas cada vez más polarizadas, marcará el futuro de la política migratoria comunitaria y pondrá a prueba la capacidad de la UE para alcanzar consensos en uno de los desafíos más complejos de su agenda.