El sistema eléctrico español al límite: 6 millones de euros diarios para prevenir otro apagón
La transición energética en España, marcada por el crecimiento acelerado de las energías renovables, enfrenta ahora una paradoja que pone en entredicho los fundamentos de la política verde. Un reciente informe del Centro Peter Huber de la Universidad de Las Hespérides, titulado ¿Vamos realmente hacia una electricidad más barata?, advierte sobre los riesgos de un sistema eléctrico cada vez más costoso, frágil y menos fiable de lo esperado.
Un auge renovable sin reflejo en las tarifas
Entre 2010 y 2024, la participación de las energías renovables en el mix eléctrico español creció del 35 % al 59 %, impulsada por un aumento de casi 29.000 MW en energía solar y más de 11.000 MW en eólica. Las subastas más recientes arrojaron precios récords a la baja: 3.000 MW solares adjudicados a 24 €/MWh y 2.000 MW eólicos a 25 €/MWh. Estos datos parecían anticipar una bajada significativa en el coste de generación eléctrica, especialmente comparado con tecnologías tradicionales como el carbón o la nuclear.
Sin embargo, esta reducción de costes de producción no se ha trasladado a los consumidores. Según Eurostat, entre 2007 y 2018 el precio minorista de la electricidad en los hogares españoles se incrementó un 67 %, mientras que la cuota de solar y eólica pasó del 9 % al 23 %. Actualmente, con las renovables superando el 50 % de la generación, las facturas eléctricas mantienen su tendencia al alza, sin señales de abaratamiento.
El LCOE y los costes ocultos del sistema
El informe señala como principal debilidad la dependencia del Coste Nivelado de la Electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) como referencia para la política energética. Este indicador, aunque útil para comparar costes de generación, omite los gastos de integración, respaldo y estabilidad que requieren las fuentes intermitentes como la solar y la eólica.
Estos costes adicionales, esenciales para garantizar la seguridad del suministro, acaban repercutiendo en los consumidores, aunque no aparezcan en los titulares. El caso más ilustrativo ha sido el Gran Apagón del 28 de abril de 2025, que dejó a gran parte del país sin suministro eléctrico y evidenció la vulnerabilidad del sistema.
Un gasto millonario para mantener la estabilidad
Tras el apagón, el gasto en “restricciones técnicas” —ajustes necesarios para mantener la red estable— se ha disparado. En abril de 2025, estos costes ascendieron a 197 millones de euros, cifra que en mayo se duplicó hasta los 405 millones. En los ocho primeros meses del año, el desembolso ya supera los 1.500 millones de euros, lo que equivale a unos 6 millones de euros diarios.
En este contexto, Red Eléctrica se ha visto obligada a limitar la integración de energías renovables en el sistema para dar entrada a ciclos combinados de gas y otras fuentes convencionales, con el objetivo de evitar sobresaltos en la red. Solo en julio, el porcentaje de energía renovable no integrada (conocido como curtailment) alcanzó el 11 %, y en agosto el recorte fue un 250 % superior al del año anterior, a pesar de que la producción renovable se mantuvo estable.
Hacia una nueva métrica: el Coste Total del Sistema
Los autores del estudio proponen sustituir el LCOE por el Coste Total del Sistema (TSC), un indicador más completo que incluye los costes de inversión, operación, respaldo, almacenamiento y gestión de red. Países como Suecia, Noruega o Canadá ya aplican este enfoque, lo que justifica inversiones en tecnologías con mayor coste unitario —como la nuclear o el gas con captura de CO₂— si contribuyen a reducir el coste global y aumentar la fiabilidad del sistema.
- LCOE: Solo mide el coste de generación por MWh.
- TSC: Incluye todos los costes relacionados con la entrega segura y constante de electricidad.
Lecciones para el futuro energético de España
El informe de la Universidad de Las Hespérides lanza un mensaje claro: no basta con producir electricidad barata, es imprescindible garantizar que esa electricidad esté disponible cuando y donde se necesita, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema ni el bolsillo de los consumidores.
Para avanzar hacia una descarbonización real y sostenible, España necesita menos intervencionismo, más competencia y un marco regulatorio que premie la capacidad firme y la flexibilidad de las diferentes tecnologías. Apostar únicamente por métricas parciales puede resultar contraproducente, tanto para la seguridad energética como para la economía de los hogares.
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