España no notificó a Bruselas la implantación de la baliza V-16, mientras persisten las dudas sobre la obligatoriedad del trámite
La Comisión Europea ha confirmado que España no informó a Bruselas sobre la introducción de la baliza V-16, el dispositivo destinado a sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia en los vehículos. Sin embargo, desde la institución comunitaria no se ha aclarado si esta notificación era un trámite obligatorio en este caso, generando incertidumbre jurídica en torno a la normativa española.
El origen de la controversia: la baliza V-16 y su regulación
La baliza V-16 es un dispositivo luminoso cuya utilización será obligatoria en los próximos meses para los conductores en España, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia. Además, la normativa española exige que estas balizas incluyan un sistema de geolocalización que transmita su ubicación en tiempo real a la Dirección General de Tráfico (DGT).
Según ha confirmado la Comisión Europea en respuesta a una consulta de la eurodiputada Dolors Montserrat (PP), España tampoco notificó el decreto que impone el uso obligatorio de la baliza ni la exigencia de transmisión de datos de geolocalización a la DGT.
Responsabilidad de los Estados miembros y posible infracción
El vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné, ha recordado que son los propios Estados miembros quienes deben evaluar si sus proyectos legislativos requieren notificación a Bruselas. En caso de no cumplir con esta obligación, la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento de infracción.
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que las normativas nacionales no obstaculicen la libre circulación de productos en el mercado único europeo ni supongan barreras técnicas injustificadas.
¿Restringe España la libre circulación de productos?
La cuestión también plantea si la exigencia de un único modelo nacional de baliza podría suponer una restricción a la libre circulación de productos en la Unión Europea. Desde la Comisión se recuerda que los dispositivos de señalización de peligro no están armonizados a nivel comunitario y que cada país aplica sus propias normas. Sin embargo, advierte de que la imposición de requisitos técnicos específicos podría considerarse una restricción comercial, por lo que España tendría que justificarla conforme a la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- La Comisión Europea no ha precisado si la normativa española constituye una barrera al comercio ni si estaría justificada.
- Según el derecho comunitario, las restricciones solo se admiten en casos de seguridad o protección de la vida, sin discriminación ni obstáculos encubiertos entre Estados miembros.
Críticas políticas y exigencia de aclaraciones
Tras la respuesta de la Comisión Europea, Dolors Montserrat ha advertido que este pronunciamiento «pone en cuestión la seguridad jurídica» de la obligatoriedad de la baliza V-16 y ha exigido al Gobierno que aclare si la normativa nacional se ajusta plenamente al Derecho de la Unión.
Montserrat señala que el Ejecutivo comunitario recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que, en su opinión, confirma la «enorme inseguridad jurídica» tanto para conductores como para el sector implicado.
Asimismo, ha reprochado al Gobierno español que actúe «por libre» y ha reclamado que garantice el respeto al Derecho europeo, procediendo con «transparencia y responsabilidad».
Comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso
A raíz de la polémica, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el proceso de implantación de la baliza V-16, así como las campañas informativas puestas en marcha por la DGT. Esta comparecencia, solicitada por el Partido Popular, debía haberse celebrado el pasado 29 de enero, pero fue pospuesta por motivos de salud del ministro.
Durante la última sesión de control al Gobierno, Marlaska ha defendido la obligatoriedad de la baliza V-16 en las carreteras españolas, una medida que afecta a más de 28 millones de conductores. Desde la oposición, el Partido Popular ha vinculado la implantación de la baliza con supuestas irregularidades en el seno del PSOE.
Perspectivas y próximos pasos
La falta de claridad sobre la obligatoriedad de notificar a Bruselas la nueva normativa y sobre la posible restricción a la libre circulación de productos mantiene la incertidumbre en torno a la baliza V-16. Se espera que la comparecencia del ministro del Interior permita arrojar más luz sobre el proceso y resolver las dudas planteadas por la Comisión Europea y por el sector afectado.
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