Adjudicación bajo sospecha: la supervisión de hospitales privados en Madrid recae en una empresa accionista de uno de los centros fiscalizados
Una reciente investigación ha puesto el foco en la adjudicación realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la supervisión de la actividad y las cuentas de los hospitales gestionados bajo fórmulas de colaboración público-privada. Hill International Spain, empresa encargada de este control desde 2022, mantenía entonces —y hasta agosto de 2025— una participación accionarial en el Hospital de Torrejón, uno de los centros sujetos precisamente a su fiscalización. Esta situación abre la puerta a posibles conflictos de intereses y cuestiona la imparcialidad de los procesos de supervisión.
- Adjudicación bajo sospecha: la supervisión de hospitales privados en Madrid recae en una empresa accionista de uno de los centros fiscalizados
- El modelo de concesión y la llegada de Hill International
- Ampliación de competencias bajo el gobierno de Ayuso
- El caso del Hospital de Torrejón: posible conflicto de intereses
- Respuestas de la Administración y la empresa
- La trayectoria de Concessia y la situación financiera
- Pagos millonarios y litigios
- Cuestiones sin respuesta sobre el proceso de adjudicación
- Conclusión
El modelo de concesión y la llegada de Hill International
La gestión público-privada en la sanidad madrileña se remonta a la época de Esperanza Aguirre, cuando se puso en marcha un modelo de “concesión de obra pública” para la construcción y gestión de siete hospitales. Constructoras y entidades bancarias, agrupadas en Uniones Temporales de Empresas (UTE), asumieron la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios durante 30 años, mientras que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se encargaba de la asistencia médica.
Para monitorizar la labor de las empresas concesionarias, la Consejería de Sanidad creó una Unidad Técnica de Control, dependiente de la Dirección General de Gestión Económica del Sermas, pero gestionada por personal de una empresa privada. En 2007, Hill International Spain SA, filial de una multinacional estadounidense, ganó el concurso para prestar este servicio, una labor que ha desempeñado desde entonces mediante sucesivas prórrogas y nuevas adjudicaciones.
Ampliación de competencias bajo el gobierno de Ayuso
En 2022, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, Hill International Spain no solo renovó su contrato sino que vio ampliadas sus funciones. Además de los hospitales bajo concesión de obra pública, la empresa asumió la supervisión técnica, administrativa, económica, financiera y legal de otros cuatro hospitales gestionados mediante concesión administrativa, así como de centros con convenios singulares como la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. También quedó bajo su control la vigilancia de contratos centralizados de servicios no sanitarios como limpieza, lavandería y seguridad.
El caso del Hospital de Torrejón: posible conflicto de intereses
Entre los hospitales supervisados destaca el de Torrejón, gestionado por Torrejón Salud SA, sociedad participada en un 89,47% por Ribera Salud y en un 10,53% por Concessia. Esta última es una sociedad inversora en concesiones públicas, en la que Hill International Spain cuenta con un 5,67% de las acciones. En consecuencia, desde 2022 y hasta agosto de 2025, la empresa encargada de fiscalizar la gestión del Hospital de Torrejón era, al mismo tiempo, accionista indirecta de ese mismo centro.
Expertos consultados advierten de que esta doble condición pone en entredicho la imparcialidad de la supervisión, ya que podría existir un claro conflicto de intereses. Hill International Spain fue además ratificada como miembro del consejo de administración de Concessia en abril de 2023, con mandato hasta 2029.
Respuestas de la Administración y la empresa
Ante las preguntas sobre este posible conflicto de intereses, Hill International Spain ha declinado hacer comentarios. Por su parte, la Consejería de Sanidad niega la existencia de irregularidades y sostiene que todos los procedimientos “están ajustados a derecho”, restando importancia al asunto y atribuyéndolo a una mera cuestión de distribución accionarial.
No obstante, los pliegos administrativos del contrato firmado en 2022 son claros al exigir que la empresa adjudicataria no mantenga compromisos que puedan dar lugar a conflictos de intereses, ni haya participado directa o indirectamente en la gestión de los hospitales objeto de supervisión, entre los que figura expresamente el Hospital de Torrejón. Además, se exige una declaración responsable por escrito acreditando la inexistencia de tales conflictos; falsificar esta declaración puede conllevar la rescisión del contrato y la prohibición de contratar con la administración pública.
Ni la Consejería de Sanidad ni Hill International Spain han aclarado cuál fue el contenido de la declaración responsable presentada.
La trayectoria de Concessia y la situación financiera
Concessia nació en 2008 con la participación de trece cajas de ahorro y Gerens Hill International (antecesora de Hill International Spain), con el objetivo de gestionar concesiones públicas en España y el extranjero. Tras la crisis financiera, el accionariado se ha reducido, y en la actualidad, además de Hill International Spain, los principales socios son Ibercaja, Caixabank, Kutxabank, Banco Sabadell y BBVA.
Desde agosto de 2025, Concessia solo mantiene una inversión relevante: el 23% del Hospital Universitario de Burgos. Además, la empresa arrastra importantes pérdidas económicas, que la llevaron en 2023 a una situación de causa de disolución y a realizar una reducción de capital para compensar el desequilibrio patrimonial.
Hill International tampoco atraviesa su mejor momento en España: en 2024 registró pérdidas de 654.000 euros, aunque incrementó su facturación un 8,8% respecto al año anterior, hasta los 13,54 millones de euros.
Pagos millonarios y litigios
En los últimos cinco años, Torrejón Salud SA ha recibido 121 millones de euros como compensación por supuestas “circunstancias extraordinarias” que habrían alterado el equilibrio económico del contrato de concesión. El último pago, de 32,8 millones, evitó la insolvencia de la concesionaria, pero no resolvió el conflicto con Concessia. Tras un enfrentamiento judicial con Ribera Salud, Concessia y Hill International vendieron sus acciones y se desvincularon del hospital tras 16 años de participación.
Cuestiones sin respuesta sobre el proceso de adjudicación
La Consejería de Sanidad y Hill International Spain han evitado responder a varias cuestiones clave planteadas sobre la adjudicación del contrato de supervisión y la posible incompatibilidad derivada de la participación de la empresa en Concessia. Entre las preguntas pendientes destacan:
- ¿Comunicó Hill International Spain su vínculo accionarial con Concessia y, por ende, con el Hospital de Torrejón, al presentar su oferta en el concurso público de 2022?
- ¿Qué comprobaciones realizó el órgano de contratación respecto a las posibles incompatibilidades?
- ¿Es legal que una empresa supervise la gestión y cuentas de un hospital en el que tiene intereses económicos directos o indirectos?
- ¿Qué constaba en la declaración responsable de inexistencia de conflicto de intereses presentada por Hill International Spain?
Desde la Consejería de Sanidad se argumenta que, para determinar la existencia de un conflicto de intereses, sería necesario consultar el Registro Mercantil y analizar los porcentajes accionariales, proceso que —según afirman— no se puede resolver en 24 horas. El departamento insiste en que los procedimientos se ajustan a derecho y rechaza la existencia de conflicto alguno.
Conclusión
El caso destapa las debilidades de los mecanismos de control en la gestión público-privada de la sanidad madrileña y evidencia la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación y supervisión. La existencia de vínculos societarios entre la empresa supervisora y los centros fiscalizados plantea serias dudas sobre la garantía de imparcialidad y la eficacia de los sistemas de control público. La falta de respuestas claras por parte de la Administración y la empresa responsable añade incertidumbre a un modelo que gestiona importantes recursos públicos y afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria.
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