El Supremo sopesa llevar la regularización de migrantes al TJUE y juristas critican la medida como «anómala

El Supremo plantea llevar la regularización de migrantes al Tribunal de Justicia de la UE: juristas consideran «anómala» la medida

El Tribunal Supremo de España se encuentra ante una decisión de gran relevancia: valorar si eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la normativa sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Esta posibilidad ha generado debate entre expertos jurídicos, que califican como «anómalo» el momento en el que se plantea la consulta, así como sus eventuales consecuencias.

Un proceso en fase incipiente y una decisión inusual

La propuesta de elevar la cuestión al TJUE ha surgido en una fase muy preliminar del procedimiento, concretamente en el contexto de las medidas cautelares solicitadas por varias comunidades autónomas, como el País Valencià y Aragón, ambas gobernadas por PP y Vox. Estas regiones recurrieron determinados aspectos de la norma que regula la regularización extraordinaria, que ya ha recibido más de 1,1 millones de solicitudes.

El pasado 22 de marzo, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Supremo rechazó suspender de forma cautelar el proceso, desestimando así las peticiones de la Comunidad de Madrid, Vox y otras asociaciones. La decisión fue adoptada por mayoría, aunque dos magistrados, Wenceslao Olea y Fernando Román, defendieron en voto particular la suspensión hasta que el TJUE resolviera sobre posibles incompatibilidades con el Derecho europeo. Ahora, junto a Carlos Lesmes, han propuesto formalmente consultar al tribunal europeo.

Valoraciones jurídicas: «Anomalía» en el procedimiento

Varios juristas consultados consideran «extraño» que la Sala plantee dudas sobre la adecuación al Derecho comunitario en este momento del proceso. Según Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, lo habitual es elevar cuestiones prejudiciales al TJUE cuando el tribunal está a punto de dictar sentencia y tras conocer los argumentos de todas las partes, no durante la fase de medidas cautelares.

Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR, coincide en señalar que las cuestiones prejudiciales se suelen plantear en la pieza principal del procedimiento, una vez presentados los escritos de demanda y contestación. A su juicio, anticipar este trámite puede generar inseguridad y no responde a la práctica habitual en los tribunales.

No supone suspensión automática del proceso

Tanto Muñoz como otros expertos recalcan que la elevación de una cuestión prejudicial al TJUE no debería implicar la suspensión automática de la regularización. Subrayan que, en mayo, la misma sala del Supremo desestimó la adopción de medidas cautelares. Suspender la aplicación de la norma sería una medida excepcional que, si se adoptase ahora, entraría en contradicción con resoluciones previas del propio tribunal.

La portavoz de Extranjeristas en Red, Olga Hernández de Paz, recuerda que el Supremo ya descartó hace poco más de un mes paralizar el proceso, y advierte sobre el impacto de una eventual suspensión en las vidas de más de un millón de personas solicitantes.

¿Existe conflicto real con el Derecho de la UE?

El origen de la consulta al TJUE reside en la sospecha de que algunos preceptos de la regularización podrían colisionar con el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMAUE), vigente desde el 12 de junio. Sin embargo, tanto la organización Extranjeristas en Red como la Abogacía del Estado sostienen que la normativa europea no otorga una competencia exclusiva a la Unión en materia de autorizaciones de residencia.

Según argumentan, el artículo 79.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) faculta a los Estados miembros para decidir sus propios volúmenes de admisión de nacionales de terceros países por motivos laborales. Por tanto, la regularización española se ajusta a los márgenes que permite el Derecho comunitario, ya que afecta a personas que ya residen en el territorio nacional.

Además, la regularización contempla requisitos de orden público y seguridad nacional, alineándose con el marco europeo. Elena Muñoz apunta que no existen precedentes en el TJUE sobre una regularización extraordinaria como la española y prevé que, si finalmente se eleva la consulta, el tribunal europeo podría declararse no competente en la materia.

Impacto limitado en otros Estados miembros

Desde la organización Accem se recuerda que los permisos otorgados tras la regularización solo habilitan para residir y trabajar en España, sin efectos en el resto de Estados miembros de la UE. Además, para la concesión de dichos permisos, las autoridades españolas verifican los antecedentes penales en otros países comunitarios.

Se añade que las normas no son retroactivas y que, cuando se aprobó la regularización extraordinaria, el nuevo pacto europeo aún no estaba en vigor, por lo que su impacto sobre la legalidad de la medida es limitado.

La perspectiva académica: escaso recorrido para la vía europea

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat de València, también considera improbable que el TJUE invalide el proceso español. Recuerda que la Comisión Europea ya ha señalado que las regularizaciones son competencia nacional y que una reciente sentencia del tribunal europeo relativiza la posibilidad de prohibir estos procesos.

• En mayo de 2026, el TJUE dictaminó en un caso italiano que retirar prestaciones sociales a un beneficiario de protección internacional por no cumplir con un periodo mínimo de residencia constituía discriminación indirecta, lo que refuerza el criterio de que los Estados conservan amplios márgenes de decisión.

De Lucas subraya que, si bien el proceso español presenta retos técnicos, no plantea problemas de constitucionalidad ni de incompatibilidad con el marco jurídico de la UE.

Conclusión

La decisión del Tribunal Supremo de elevar la regularización de migrantes ante el TJUE ha desatado un intenso debate en el ámbito jurídico español. Aunque la medida se considera inusual por el momento procesal en el que se plantea, la opinión mayoritaria de los expertos es que la consulta no debería suspender automáticamente el proceso ni supone un choque directo con el Derecho de la Unión Europea. La última palabra, no obstante, está en manos de la justicia europea, mientras miles de personas esperan una resolución que podría marcar el futuro de la política migratoria en España.