Un año judicial sin precedentes: el Supremo destituye al fiscal general y envía a prisión a un diputado
El año 2025 será recordado en España como uno de los periodos más convulsos en el ámbito judicial desde la restauración de la democracia. Decisiones inéditas, investigaciones de gran calado y procesos judiciales de alto perfil han marcado la agenda y generado debate social y político en todo el país.
- Un año judicial sin precedentes: el Supremo destituye al fiscal general y envía a prisión a un diputado
- Destitución y condena del fiscal general del Estado
- Prisión provisional para un diputado en activo
- Avances en la investigación sobre las muertes en residencias
- Investigación sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana
- El caso Montoro: investigación por corrupción fiscal
- Conclusión
Destitución y condena del fiscal general del Estado
Por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado ha sido juzgado y condenado en ejercicio de sus funciones. Álvaro García Ortiz, designado en agosto de 2022, fue apartado de su cargo tras recibir una condena de inhabilitación de dos años por un delito de revelación de datos reservados.
El proceso judicial contra García Ortiz, que se desarrolló entre el 3 y el 13 de noviembre, está vinculado al caso de fraude fiscal que afecta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena del fiscal general ha suscitado un intenso debate sobre la influencia de bulos y desinformación en la justicia, después de que se comprobara que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, reconociera en sede judicial la falsedad de la información difundida sobre la supuesta propuesta de pacto de la Fiscalía al empresario, que en realidad fue a la inversa.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por la emisión de una nota de prensa que desmentía el bulo y por la filtración de un correo electrónico entre el abogado del investigado y la Fiscalía de Delitos Económicos. Dicho correo contenía el reconocimiento de dos delitos fiscales por parte del cliente. A pesar de no existir pruebas directas de la filtración por parte del exfiscal, la sentencia no tuvo en cuenta su deber de proteger la reputación de la institución y el derecho de la ciudadanía a la información veraz.
Prisión provisional para un diputado en activo
Otro hecho sin precedentes tuvo lugar el 27 de noviembre, cuando el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos, exministro socialista y diputado del Grupo Mixto. Nunca antes un diputado en activo había sido encarcelado en la historia reciente de España.
Ábalos está siendo investigado por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, operación realizada desde el Ministerio de Transportes, y por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Entre los investigados figuran también su exasesor Koldo García y el dirigente Santos Cerdán.
La prisión provisional obedece, según el juez instructor, al riesgo de fuga. Tras la decisión judicial, el Congreso de los Diputados suspendió a Ábalos de sueldo y de sus derechos parlamentarios, aunque conserva su acta, lo que deja en 349 el número de diputados y diputadas en activo.
Avances en la investigación sobre las muertes en residencias
Cinco años después de la crisis sanitaria en las residencias de mayores durante la pandemia de la covid-19, la justicia ha reactivado las investigaciones sobre los denominados “protocolos de la vergüenza” implantados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En total, se contabilizan 7.291 fallecimientos atribuidos a la restricción del traslado de personas con patologías mentales o discapacidades desde residencias a hospitales con el objetivo de evitar el colapso sanitario.
Actualmente, ocho juzgados examinan los hechos y cuatro ex altos cargos de la administración madrileña están siendo investigados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Entre ellos se encuentran:
- Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria
- Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur
- Pablo Busca Ostalaza, exresponsable del SUMMA 112
- Antonio Burgueño, asesor sanitario que reconoció haber ejercido como mando único durante la crisis
Investigación sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana
Otra investigación relevante de 2025 está a cargo de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien analiza las posibles responsabilidades en las 230 muertes ocurridas el 29 de octubre de 2024 durante el episodio de lluvias extremas (DANA) en la Comunidad Valenciana. Entre los investigados figuran Salomé Pradas, exconsellera de Interior, y Emilio Argüeso, exresponsable autonómico de Emergencias.
La jueza indaga si Pradas, responsable máxima de la gestión de la catástrofe, recibió instrucciones del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o de su vicepresidente José Manuel Cuenca, que pudieron influir en el envío tardío y erróneo de la alarma a la población. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado tomar declaración a la periodista Maribel Vilaplana, quien compartió mesa con Mazón durante las horas críticas, con el objetivo de esclarecer el paradero del presidente en el momento del desastre.
El caso Montoro: investigación por corrupción fiscal
Desde un juzgado de instrucción de Tarragona se sigue uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y una treintena de colaboradores, así como al despacho Equipo Económico. Se investiga una presunta trama de favores fiscales a empresas, especialmente gasísticas, durante el segundo mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.
Los delitos bajo investigación incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, supuestamente cometidos entre 2011 y 2018. La instrucción, destapada en junio de 2025 tras siete años de secreto de sumario, examina si Montoro impulsó reformas desde el ministerio para beneficiar a determinadas compañías a cambio de comisiones canalizadas a través del despacho que fundó y controlaba.
Conclusión
El año judicial que concluye ha supuesto un punto de inflexión en la historia reciente de España, con la adopción de decisiones inéditas que han afectado a las más altas esferas del poder político y judicial. Las investigaciones en curso y las causas abiertas anticipan un 2026 igualmente intenso en el ámbito de la justicia y la rendición de cuentas.
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