El Tribunal Supremo reduce a la mitad las costas procesales impuestas a García Ortiz
El Tribunal Supremo ha decidido rebajar significativamente la cuantía de las costas procesales que debía abonar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el juicio en el que fue condenado por revelación de secretos. La decisión, recogida en un decreto emitido por la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo, estima parcialmente las impugnaciones presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía.
Reducción de las costas a 39.000 euros
Inicialmente, el alto tribunal había fijado en 79.942,70 euros la suma correspondiente a las costas del proceso judicial contra García Ortiz. Sin embargo, tras revisar los recursos presentados, el Tribunal Supremo considera «indebida» y «excesiva» la cuantía calculada en un primer momento, por lo que ha decidido reducirla a la mitad, estableciendo el importe definitivo en 39.000 euros.
Motivos de la impugnación
La Abogacía del Estado, que actuaba en defensa del ex fiscal general, así como la Fiscalía, presentaron impugnaciones contra la tasación inicial de las costas. Ambas partes argumentaron que el monto establecido no solo era excesivo, sino también indebido en función de los criterios jurídicos aplicables a este tipo de procedimientos.
- La Abogacía del Estado defendía que la cifra superaba lo razonable para el caso.
- La Fiscalía coincidía en que el cálculo inicial no se ajustaba a derecho.
Contexto del caso
El caso que motivó esta condena está relacionado con la revelación de secretos de Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia supuso para García Ortiz una condena de dos años de inhabilitación, además de la obligación de afrontar las costas procesales, ahora sustancialmente rebajadas tras la revisión del Supremo.
Implicaciones de la resolución
La decisión del Tribunal Supremo supone un alivio económico para el ex fiscal general, aunque mantiene la condena judicial. Además, sienta un precedente sobre la revisión y justificación de las costas en procesos de alta relevancia mediática y política.
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