El Tribunal Supremo señala a Sánchez: la trama de Ábalos se extendió a toda la Administración
El Tribunal Supremo ha arrojado nueva luz sobre la presunta red de corrupción vinculada a José Luis Ábalos, exministro de Fomento, al asegurar que su influencia no se limitó únicamente al ministerio que encabezaba, sino que alcanzó a toda la Administración Pública. Esta ampliación del ámbito de la investigación complica la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al poner en duda la posibilidad de que desconociera los movimientos de la trama.
Una red con alcance más allá de Fomento
Según el último auto emitido por el Tribunal Supremo, la red operada por colaboradores cercanos a Ábalos, entre ellos Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, aprovechó los cargos públicos para influir en la adjudicación de contratos y facilitar el acceso preferente de determinadas empresas a diversas áreas gubernamentales.
El Supremo detalla que José Luis Ábalos fue nombrado ministro de Fomento en junio de 2018, y que tras el cambio de denominación ministerial en 2020, mantuvo la titularidad en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Desde el inicio, Ábalos designó a Koldo García como asesor y le otorgó puestos de relevancia, como miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y del consejo de administración de RENFE.
Vínculos personales y favorecimiento de intereses privados
La investigación pone de manifiesto cómo las relaciones personales facilitaron el desarrollo de la trama. El empresario Víctor de Aldama, a través de su hermano, conoció a Koldo García y posteriormente al propio Ábalos. Estas relaciones derivaron, en palabras del Supremo, en la oportunidad de obtener beneficios económicos directos de la influencia en la Administración.
Uno de los episodios señalados es el viaje a México en 2019, en el que Víctor de Aldama habría actuado como intermediario para organizar una visita oficial del ministro. Este tipo de gestiones, según el tribunal, sentaron las bases para favorecer la contratación de empresas afines a cambio de comisiones.
La extensión de la trama y el papel del Gobierno
El Supremo subraya que la presunta red no se limitó al Ministerio de Transportes, sino que buscó influir en la Administración Pública en su conjunto. El auto recalca que el objetivo era facilitar a las empresas representadas por De Aldama el acceso preferente a contratos y gestiones en distintos niveles del Gobierno.
Esta amplitud plantea interrogantes sobre el alcance del conocimiento o incluso la posible implicación de altos cargos, incluido el presidente Pedro Sánchez, en la permisividad o colaboración con la trama.
Comisiones y pagos ilícitos
Para garantizar el reparto de los beneficios derivados de estas gestiones, se establecieron mecanismos concretos, como un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble en el Paseo de la Castellana, propiedad de Víctor de Aldama, a favor de José Luis Ábalos. Los pagos mensuales relacionados con este acuerdo, según la investigación, eran entregados por De Aldama a Koldo García, en ocasiones en presencia de Ábalos, y luego repartidos entre ambos.
Además, en situaciones en las que De Aldama no disponía de efectivo en España, se acordaba realizar los pagos en la República Dominicana, donde él sí contaba con fondos. Para ello, una tercera persona, no investigada en la causa, se desplazaba para recoger el dinero en nombre de Koldo García.
Implicaciones políticas y judiciales
La ampliación del foco de la investigación del Supremo añade presión al Gobierno y complica la defensa de la falta de conocimiento por parte de Pedro Sánchez. La posible extensión de la red de favores y comisiones ilícitas a toda la Administración supone un desafío para la transparencia y la integridad institucional.
- La investigación apunta a un entramado que utilizó la influencia política para obtener beneficios económicos.
- El Supremo sitúa el ámbito de actuación más allá de un solo ministerio, señalando a la Administración en su conjunto.
- Los hechos investigados incluyen contratos, pagos en efectivo y viajes internacionales.
A la espera de nuevas resoluciones judiciales, el caso continúa generando expectación y podría tener consecuencias significativas tanto en el ámbito político como en el judicial.
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