El Tribunal Supremo traslada a la Inspección Fiscal la posible expulsión de García Ortiz
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ordenar la ejecución de la sentencia que le condena por revelación de datos reservados. La decisión deja en manos de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, liderada por Teresa Peramato, la responsabilidad de determinar el futuro de García Ortiz dentro de la carrera fiscal.
Ejecutada la sentencia contra García Ortiz
La Sala del Tribunal Supremo ha dictado el auto de ejecución de la sentencia que impone a García Ortiz una inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general del Estado y una multa de 7.200 euros. Además, el ex fiscal general deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Alto Tribunal ha remitido la resolución y el testimonio de la sentencia a la Inspección Fiscal, “a los efectos oportunos”, sin especificar los pasos siguientes, pero abriendo la vía a que la Fiscalía General del Estado valore el alcance de la condena en la carrera de García Ortiz.
Alcance limitado de la inhabilitación
La sentencia del Supremo especifica que la inhabilitación afecta “exclusivamente” al cargo de fiscal general del Estado, el puesto que ocupaba García Ortiz en el momento de los hechos. El tribunal consideró excesivo extender la sanción a la condición de fiscal de carrera.
Sin embargo, los magistrados dejaron claro que no les corresponde determinar las consecuencias extraprocesales de la condena, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía actúe respecto a la continuidad de García Ortiz como fiscal.
El proceso de reingreso y sus implicaciones
Tras dejar el cargo de fiscal general, al que renunció el pasado 24 de noviembre, García Ortiz debe solicitar su reingreso en la carrera fiscal, un trámite habitual que, según fuentes fiscales, aún no consta si ha realizado ante el Ministerio de Justicia.
En caso de reincorporarse como fiscal de carrera, García Ortiz volvería a estar plenamente sometido al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En este contexto, la Inspección Fiscal, dirigida por Teresa Peramato, tendrá que analizar cómo afecta la condena a su situación profesional.
Posibles escenarios: expulsión o suspensión
El artículo 32.d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condena por un delito doloso o la pena de inhabilitación para cargo público pueden ser causa de pérdida de la condición de fiscal.
- Expulsión: Si se considera que la condena cumple los requisitos del artículo 32.d), García Ortiz podría ser expulsado de la carrera fiscal.
- Suspensión: El propio Estatuto prevé, en su artículo 44, la posibilidad de sustituir la expulsión por una suspensión en casos en los que la pena de inhabilitación no supere los seis meses, aunque en este caso la sanción impuesta es de dos años.
La Inspección de la Fiscalía deberá ahora determinar si corresponde la expulsión definitiva de García Ortiz de la carrera fiscal o si, por el contrario, procede una suspensión temporal, en función de la normativa aplicable y la gravedad de la condena.
Próximos pasos
La decisión final sobre el futuro de Álvaro García Ortiz como fiscal recae ahora en la Inspección de la Fiscalía General del Estado. El organismo deberá realizar un análisis exhaustivo de la sentencia y del Estatuto Orgánico antes de adoptar cualquier medida disciplinaria.
Este caso marca un precedente relevante en la carrera fiscal y deja en evidencia la complejidad de las consecuencias extraprocesales de las condenas impuestas a altos cargos del Ministerio Público.
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