El Supremo avala blanqueo vinculado al PSOE en República Dominicana

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El Supremo confirma blanqueo de capitales en República Dominicana vinculado a la trama del PSOE

Las investigaciones llevadas a cabo por el Tribunal Supremo han confirmado los movimientos de dinero en efectivo y los testimonios que vinculan a Koldo García y José Luis Ábalos con la presunta red de blanqueo de capitales asociada al caso conocido como la trama PSOE-Koldo. El caso toma especial relevancia tras corroborarse operaciones en República Dominicana, un punto clave en el escándalo que salpica al entorno socialista.

Movimientos inusuales y testimonios determinantes

Según el último auto del Supremo, ha quedado constatada la realización de viajes sospechosos y transferencias de dinero en efectivo entre los implicados. Destaca el testimonio de Joseba García Izaguirre, quien, aunque negó que el propósito de sus desplazamientos fuera recoger pagos en efectivo, sí confirmó la existencia de estos viajes, caracterizados por su frecuencia y corta duración, sin ofrecer explicaciones convincentes para justificarlos.

Las declaraciones de otros testigos han resultado cruciales para desmontar las justificaciones aportadas. Aránzazu Granel Barbadillo, contratada por una empresa en República Dominicana, admitió que, por orden de su jefe Javier Serrano —socio de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado—, contactó con el hermano de Koldo García y le entregó personalmente diez mil dólares estadounidenses. Este hecho se repitió al mes siguiente, cuando volvió a entregar la misma cantidad por indicación de sus superiores.

Implicaciones empresariales y operativas

Javier Serrano, también citado como testigo, confirmó que durante noviembre y diciembre de 2021 era socio de Aldama Delgado y que Aránzazu Granel trabajaba entonces en la empresa en República Dominicana. Serrano detalló que una persona viajó al país caribeño siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama, quien ordenó la entrega de dinero en efectivo a través de Granel.

Estos testimonios coinciden y refuerzan la hipótesis de los investigadores: la existencia de una red de blanqueo de capitales que operó de manera efectiva en el extranjero, específicamente en República Dominicana.

Beneficio personal y adjudicación de contratos

El Tribunal Supremo sostiene que Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos se beneficiaron de la posición de este último como ministro para lograr ventajas económicas y adjudicación de contratos públicos. El objetivo era favorecer intereses propios y de terceros, utilizando contactos privilegiados y procedimientos irregulares dentro de la Administración.

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado declaró que los pagos se realizaban en efectivo, en ocasiones incluso en la sede del Ministerio correspondiente o en la residencia oficial del ministro. Añadió que presenció personalmente cómo Koldo García entregaba su parte a Ábalos, o bien recibía confirmación de que las entregas se habían realizado.

El papel de República Dominicana en la trama

Aldama explicó que, ante la falta de efectivo suficiente en España para satisfacer las demandas del ministro y su asesor, algunas entregas de dinero tuvieron que realizarse en República Dominicana. Allí, una de las empresas vinculadas a la trama disponía de liquidez gracias a los pagos realizados por turistas para pruebas de detección de Covid-19. Para recoger el dinero, el hermano de García Izaguirre se desplazó en diversas ocasiones al país caribeño, facilitando así el movimiento de fondos fuera del circuito legal.

Conclusiones

  • El Supremo ha corroborado la existencia de una red de blanqueo de capitales que operaba entre España y República Dominicana.
  • Varios testigos admiten la entrega de dinero en efectivo vinculada a la adjudicación de contratos públicos y el beneficio de altos cargos políticos.
  • Las operaciones en República Dominicana fueron clave para sortear la falta de liquidez en España y asegurar las entregas de fondos a los implicados.

La investigación continúa avanzando, con el foco puesto en el esclarecimiento total de la trama y su impacto en la administración pública española.

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