El Senado recurre al Tribunal Constitucional por la falta de presupuestos para 2026
El Senado ha elevado al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones frente al Gobierno central por no haber presentado ni remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Esta acción, impulsada principalmente por el grupo popular, mayoritario en la Cámara Alta, profundiza la tensión institucional en torno a la gestión presupuestaria del Ejecutivo.
Antecedentes y decisión del Senado
La iniciativa se origina en una resolución adoptada por el pleno del Senado el 22 de octubre, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento formal al Gobierno instándole a presentar el proyecto presupuestario correspondiente a 2026. Al no recibir respuesta por parte de la Presidencia del Ejecutivo, la Cámara Alta decidió formalizar la controversia ante el Tribunal Constitucional.
Según el comunicado difundido por el Senado, la falta de presentación del proyecto de presupuestos constituye, a juicio de la Cámara, una vulneración de las competencias constitucionales atribuidas tanto al Gobierno como al Parlamento en materia presupuestaria.
Argumentos y objetivos del conflicto institucional
El Partido Popular, promotor de la medida, busca que el Tribunal Constitucional fije un plazo máximo al Gobierno para presentar las cuentas públicas de 2026. Asimismo, solicita la anulación de las prórrogas presupuestarias sucesivas acordadas desde el ejercicio de 2023.
Durante el debate en el pleno del Senado, celebrado en octubre, el grupo popular calificó de «anomalía democrática» la ausencia de presentación de los presupuestos. El requerimiento fue aprobado con 144 votos a favor (todos del PP), 101 en contra y 14 abstenciones, tras una sesión marcada por intensos intercambios entre los distintos grupos parlamentarios.
Fundamento constitucional de la reclamación
La Cámara Alta sostiene que el Ejecutivo ha incumplido la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tal como establecen los artículos 134.1 y 134.3 de la Constitución. Esta omisión, argumentan, impide que las Cortes Generales ejerzan sus competencias en materia presupuestaria, previstas en los artículos 66.2 y 134.1, y limita la capacidad del Parlamento para modificar, aprobar o rechazar el texto presupuestario.
El Senado también alega que se ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución, al obstaculizarse la participación de los senadores en el proceso presupuestario, y denuncia el «uso abusivo» de la prórroga presupuestaria, que mantiene en vigor cuentas aprobadas ya en 2023, al margen del Parlamento y en contra del espíritu constitucional.
Precedentes y consecuencias políticas
La Cámara Alta subraya la relación entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de confianza parlamentaria otorgada al Gobierno en la sesión de investidura. Como precedentes, se citan los casos de 1995, cuando Felipe González adelantó elecciones tras perder el apoyo para aprobar las cuentas públicas, y de 2019, cuando Pedro Sánchez tomó la misma decisión tras el rechazo de su proyecto presupuestario por el Congreso. Ambos episodios, señala el Senado, constituyen una «convención constitucional» en la práctica política española.
Solicitudes ante el Tribunal Constitucional
En conclusión, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare la vulneración de la atribución constitucional de la Cámara para participar en la aprobación, modificación y control de los presupuestos, así como el abuso de las prórrogas presupuestarias por parte del Gobierno.
- La nulidad de las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023.
- El establecimiento de un plazo máximo para la presentación de los presupuestos de 2026.
- La aclaración de los efectos jurídicos en caso de reconocimiento de la inconstitucionalidad.
Con este paso, el Senado refuerza su papel de control institucional y busca salvaguardar el equilibrio de poderes y el correcto funcionamiento del sistema parlamentario en materia presupuestaria.
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