La disyuntiva del Partido Popular ante la nueva ley de publicidad institucional propuesta por el Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en su agenda de reformas para los medios de comunicación con la aprobación, en primera vuelta, del anteproyecto de ley que regulará la publicidad del sector público. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, busca aumentar la transparencia en el reparto de la publicidad institucional y limitar el porcentaje de financiación que los medios pueden recibir a través de estos fondos.
Un camino legislativo aún por recorrer
Tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros, el texto deberá regresar al Gobierno para una segunda revisión antes de ser enviado a las Cortes Generales. Su futuro depende de obtener suficiente respaldo parlamentario, lo que no está asegurado en un contexto de fragmentación política y con la legislatura avanzando.
Fuentes del Ministerio que lidera Óscar López se muestran confiadas en alcanzar consensos amplios, recordando que las principales medidas de la norma ya recibieron el apoyo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, durante la aprobación del Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación (EMFA).
El PP frente a su propio voto en Europa
El EMFA, avalado por el Partido Popular Europeo y en vigor desde agosto de 2025, incluye medidas clave de transparencia y un sistema regulador independiente, en línea con el anteproyecto español. No obstante, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su oposición a la norma nacional, argumentando que el Gobierno utiliza fondos públicos para financiar propaganda partidista, señalando a RTVE como ejemplo.
La postura crítica del PP no es nueva. Ya en 2024, cuando se presentó el Plan de Acción por la Democracia, el partido calificó la propuesta de “plan de degeneración” y acusó al Ejecutivo de intentar controlar la concesión de licencias y restringir la libertad de prensa. En concreto, el PP rechazó la creación de un registro de medios y la obligación de transparencia sobre la propiedad, medidas ahora recogidas tanto en la legislación europea como en el nuevo anteproyecto.
Qué establece la nueva ley sobre publicidad institucional
- Limita al 35% la financiación máxima que un medio privado puede recibir del sector público en concepto de publicidad.
- Establece criterios de reparto transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios.
- Designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo regulador en España.
- Impulsa la creación de sistemas de medición de audiencias transparentes y consensuados.
Aunque la normativa europea no fija un límite porcentual concreto, sí exige transparencia y equidad en el reparto de fondos públicos para publicidad. El Gobierno español justifica el 35% basándose en informes internacionales de entidades como la UNESCO y el Instituto Reuters, argumentando que superar ese umbral comprometería la independencia de los medios.
Reacciones políticas: apoyos y críticas
Entre las fuerzas políticas, Sumar ha respaldado la iniciativa, valorando que la limitación a la publicidad institucional contribuye a la libertad de prensa y la pluralidad informativa. Sin embargo, la formación insiste en que el texto debe mejorarse antes de su aprobación definitiva.
Otros partidos, como EH Bildu, PNV, ERC o BNG, aún no han tomado una posición clara, pues están a la espera de analizar el contenido detalladamente. Desde ERC, la primera impresión sobre la reforma es positiva, mientras que BNG subraya la necesidad de revisar en profundidad el anteproyecto.
Por su parte, Podemos ha criticado la falta de ambición del Gobierno y pide ir más allá para limitar la influencia de grandes empresas en los medios de comunicación. Propone reducir el límite de publicidad institucional al 30% y restringir la participación accionarial de empresas de sectores estratégicos, como banca y energía. Además, insiste en que los directivos y presentadores de los grandes medios declaren sus bienes e intereses para evitar conflictos.
Objetivos y limitaciones de la ley
Según el ministro Óscar López, la ley persigue dos grandes metas: garantizar la transparencia sobre el destino de los recursos públicos y asegurar la independencia de los medios de comunicación frente a posibles injerencias.
La norma no contempla sanciones específicas para administraciones autonómicas que incumplan la obligación de publicar datos, aunque el ministro advierte que el respaldo de la legislación europea permitiría a la UE abrir expedientes en casos de infracción. Como ejemplo, López recordó el reciente caso en la Comunidad Valenciana, donde la justicia ha admitido a trámite una demanda contra directivos de la televisión pública A Punt por no cumplir con la normativa europea.
Un debate abierto en torno a la libertad de prensa
La tramitación de la ley de publicidad institucional abre un nuevo frente en el debate sobre la pluralidad de los medios y la relación entre financiación pública y libertad informativa. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de acotar la influencia económica sobre los medios privados, la oposición reclama garantías frente a posibles usos partidistas de los recursos públicos.
El desarrollo y aprobación final de esta ley dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sumar apoyos en las Cortes y de la negociación con el resto de grupos parlamentarios. El desenlace de este proceso marcará un hito en la regulación del sector mediático en España y en la defensa de la libertad de prensa en el actual contexto político.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
