El PP presiona al Gobierno desde el Senado para que presente los Presupuestos o acudirá al Tribunal Constitucional
El Partido Popular (PP) ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la apertura de un conflicto de atribuciones con el Gobierno central, en un intento de exigir al Ministerio de Hacienda la presentación inmediata del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 ante las Cortes Generales. Esta iniciativa podría terminar en el Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no responde de manera satisfactoria.
Debate tenso y reproches cruzados en la Cámara Alta
La sesión celebrada en la Cámara Alta estuvo marcada por un intenso enfrentamiento entre el PP y el Partido Socialista (PSOE). El presidente del Senado, Pedro Rollán, se vio obligado a intervenir en varias ocasiones para pedir a los senadores socialistas que se centraran en el tema a debate. El ambiente estuvo cargado de acusaciones mutuas, tanto relacionadas con cuestiones judiciales que afectan al Gobierno, como por la ausencia de presupuestos en algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares.
Conflicto de atribuciones y procedimiento constitucional
Tras el debate, el Senado ha asumido formalmente la iniciativa propuesta por el PP y ha remitido el conflicto de atribuciones al Gobierno. A partir de este momento, el Ejecutivo dispone de un mes para responder. Puede contestar al Senado o, si decide no hacerlo, se considerará que el trámite está cumplido. En caso de respuesta negativa o ausencia de contestación, será el propio Senado quien decida si eleva el asunto al Tribunal Constitucional, órgano encargado de dirimir el conflicto.
Críticas del PP al retraso presupuestario
En el texto presentado, el PP argumenta que el Senado no debe «admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación constitucional que tiene el Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Los populares insisten en que esta responsabilidad está recogida en la Constitución y que el Ejecutivo debe respetarla, evitando recurrir a modificaciones presupuestarias «al margen del Parlamento», una práctica que califican de «fraudulenta» y contraria al principio de legalidad presupuestaria.
El PP señala que la prórroga de los Presupuestos de 2023 para el ejercicio de 2026 solo encuentra precedentes recientes en 2020, cuando la crisis derivada de la pandemia de covid-19 llevó al Gobierno a mantener prorrogados los presupuestos de 2018. Sin embargo, los populares consideran que en la actualidad no existe justificación para no presentar un nuevo proyecto presupuestario, salvo la falta de acuerdos parlamentarios suficientes para garantizar su aprobación.
- El PP sostiene que los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte del Gobierno.
- Defiende que tanto las Cortes Generales como el Senado deben poder ejercer plenamente su función presupuestaria.
Implicaciones institucionales y políticas
Este movimiento del PP supone una presión adicional sobre el Gobierno para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y evite un posible enfrentamiento en el Tribunal Constitucional. El desenlace de este conflicto podría tener repercusiones significativas en la dinámica parlamentaria y en la gestión de los recursos públicos durante el próximo ejercicio.
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