El PP rompe el consenso sanitario en plena crisis de los cribados oncológicos
La crisis generada por los retrasos en los diagnósticos de los programas de cribado de cáncer ha alcanzado una nueva dimensión estatal tras la retirada en bloque de los once consejeros autonómicos del Partido Popular (PP) del Consejo Interterritorial de Salud. Este órgano, clave para la coordinación y los acuerdos en el sistema sanitario español, se ha visto así sacudido por un episodio sin precedentes en la actual legislatura.
Un conflicto que se extiende de Andalucía al ámbito nacional
El origen del conflicto se sitúa en Andalucía, donde surgieron denuncias por retrasos y supuestas irregularidades en los cribados de cáncer, especialmente en el de mama. La falta de información homogénea y la negativa de varios gobiernos autonómicos del PP a aportar datos han complicado la gestión y la transparencia del proceso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado la retirada de los consejeros populares como un «boicot» al propio sistema y a la ciudadanía, acusando al PP de bloquear recursos fundamentales para la sanidad pública. Según el Gobierno, la ausencia del PP ha impedido la aprobación de dos acuerdos importantes: la distribución de un millón de euros para los centros de atención oncológica y otro millón para reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer.
La importancia de la centralización de los datos de cribado
Expertos en salud pública insisten en la necesidad de contar con un registro centralizado de datos sobre los programas de cribado. Joan Carles March, exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública, destaca que estos datos son esenciales para evaluar y mejorar los programas, detectar posibles fallos, garantizar la equidad entre comunidades y aplicar estándares de calidad a nivel nacional.
- Permiten detectar retrasos en diagnósticos y deficiencias en el seguimiento.
- Facilitan la identificación de desigualdades en el acceso y los resultados entre regiones.
- Son fundamentales para estudios epidemiológicos y la optimización de políticas públicas.
- Ayudan a identificar áreas o grupos con baja participación o alta incidencia de enfermedad.
La ministra García subraya que «no hay vigilancia de salud pública si no hay datos» y remarca que la transparencia es un requerimiento legal, no una opción.
Argumentos y reproches entre Gobierno y PP
En un comunicado, los consejeros del PP justificaron su retirada señalando una supuesta «manipulación unilateral» de los acuerdos sobre cribados por parte del Ministerio, y criticaron la falta de herramientas informáticas adecuadas para la gestión de los datos. Desde el Gobierno, se rechaza esta justificación, calificándola de excusa sin fundamento, ya que existen múltiples vías para remitir la información requerida.
Mónica García lamentó la sorpresa que le causó la decisión del PP, asegurando que «han abandonado el consenso» y anunció que se están explorando vías legales para exigir la entrega de los datos por parte de las comunidades gobernadas por los populares. Además, la ministra cuestionó la motivación del PP para ocultar la información, argumentando que los datos «pertenecen a la ciudadanía» y no a los gobiernos autonómicos.
Investigaciones y consecuencias políticas
La Fiscalía ha abierto dos investigaciones relacionadas con el escándalo de los cribados en Andalucía. Por un lado, se ha solicitado información a la Junta de Andalucía sobre los hechos; por otro, se investiga una denuncia presentada por la asociación Amama, que agrupa a afectadas por los retrasos y presuntas alteraciones en mamografías y pruebas diagnósticas. El Gobierno andaluz niega estas acusaciones y, este viernes, elevó a 2.317 el número de mujeres afectadas por los fallos en el programa.
La ministra García ha explicado que, aunque se han realizado requerimientos institucionales de información, la Junta de Andalucía no ha dado respuesta ni ha remitido los datos solicitados. El último Consejo Interterritorial, el primero desde el inicio de la crisis, era visto como una oportunidad para abordar el asunto, pero los consejeros del PP optaron por ausentarse.
Un contexto de tensión política creciente
El enfrentamiento actual se enmarca en una serie de choques recientes entre el PP y el Gobierno central, no solo en sanidad. Temas como el registro de objetores de conciencia para el aborto, el traslado de menores migrantes o la aplicación de la ley de Vivienda han sido objeto de desacuerdo y boicot por parte de los ejecutivos autonómicos populares. La influencia de líderes regionales, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se percibe como determinante en la estrategia de confrontación.
La falta de consenso y la polarización política amenazan así la eficacia de políticas públicas clave, especialmente en un tema tan sensible como la detección precoz del cáncer, donde la transparencia y la cooperación institucional son fundamentales para garantizar la salud y la confianza de la población.
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