El recorrido de la resolución a favor del aborto aprobada por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha sorprendido al aprobar, por una amplia mayoría, una resolución que reconoce el derecho al aborto en la Unión Europea. El resultado de la votación fue de 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones, en un contexto marcado por una composición parlamentaria más escorada a la derecha y la ultraderecha que nunca antes en la historia del Parlamento Europeo.
Una votación histórica y simbólica
A pesar de la relevancia política y simbólica de la resolución, su aprobación no implica cambios legales inmediatos. El texto aprobado carece de carácter vinculante, lo que significa que la Comisión Europea no está obligada a convertirlo en una propuesta legislativa. Sin embargo, la resolución representa un hito al ser el primer documento en el seno de la UE que reconoce expresamente el derecho al aborto.
El Partido Popular Europeo (PPE), que permitió el voto libre entre sus eurodiputados, fue clave para alcanzar la mayoría a favor. No obstante, la delegación española del PPE se desmarcó, ya que solo cuatro mujeres se abstuvieron y el resto votó en contra de la iniciativa.
Próximos pasos: decisión de la Comisión Europea
Tras la votación, la pelota está en el tejado de la Comisión Europea, que tiene hasta marzo para decidir si toma medidas en la línea de lo aprobado por el Parlamento. La Comisión no tiene obligación legal de proponer una legislación al respecto, pero la eurodiputada Ana Miranda (BNG) se muestra optimista y espera que el mensaje político tenga repercusión.
La resolución sugiere, entre otras medidas, la creación de un fondo comunitario que permita a las mujeres acceder de forma segura al aborto en otro Estado miembro si no pueden hacerlo en su país de origen. Según datos recogidos en la iniciativa, más de 20 millones de mujeres en la Unión Europea se ven actualmente obligadas a desplazarse a otro país comunitario para poder abortar.
Respeto a las competencias nacionales
Uno de los aspectos clave destacados por Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del PE, es que la resolución no invade competencias nacionales. La propuesta plantea la adhesión voluntaria de los estados miembros al fondo, evitando así la imposición de obligaciones y respetando el marco legal de cada país.
La principal crítica de la ultraderecha y sectores conservadores se centró precisamente en la supuesta intención de legislar sobre una materia que consideran competencia exclusiva de los estados miembros. De hecho, intentaron promover una resolución alternativa que subrayaba este punto, pero fue rechazada por el pleno.
Apoyo del Tribunal de Justicia de la UE
La argumentación de la resolución encuentra respaldo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce el derecho de las mujeres a abortar en otro país miembro incluso si en el suyo no está legalizado. Según Gálvez, negar este derecho solo incrementa las desigualdades y pone en riesgo la vida de quienes se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos o a desplazarse al extranjero.
División política y críticas internas
La respuesta de los partidos políticos ha estado marcada por la división. Mientras que parte del PPE se inclinó por el apoyo a la resolución, el Partido Popular español votó en contra, una postura criticada tanto por Miranda como por Gálvez, quienes acusan a la formación de alinearse con la extrema derecha y de ignorar los derechos de las mujeres.
- La resolución fue respaldada por 358 eurodiputados, incluidos miembros del PPE.
- La propuesta alternativa de la derecha y ultraderecha, que defendía la competencia exclusiva de los estados, no prosperó.
- La Comisión Europea deberá decidir antes de marzo si elabora una propuesta legislativa basada en el texto aprobado.
Un debate abierto en la Unión Europea
Aunque la resolución no implica cambios legales inmediatos, su aprobación abre el debate sobre los derechos reproductivos en la Unión Europea y pone el foco sobre las desigualdades existentes entre los estados miembros. El futuro de esta iniciativa dependerá ahora de la respuesta de la Comisión Europea y la voluntad política de los países miembros para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres.
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