El juez Peinado emprende acciones legales contra ocho figuras públicas y exige más de 200.000 euros en indemnizaciones
El magistrado Juan Carlos Peinado ha iniciado una ofensiva judicial contra ocho políticos y periodistas a raíz de declaraciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación, en el contexto de la polémica instrucción que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Peinado sostiene que estas manifestaciones constituyen presuntos delitos de injurias y calumnias, y exige a los demandados rectificaciones públicas y el pago de cuantiosas indemnizaciones por supuestos daños morales.
Demandas y solicitudes de conciliación
Entre los destinatarios de las demandas figuran personalidades como el periodista Ernesto Ekaizer, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el escritor Max Pradera, el director de Contenidos de RTVE Sergio Calderón y el exconcejal socialista Fernando Jabonero. Todos ellos han recibido solicitudes de conciliación, paso previo a una eventual querella formal. Además, el juez ha anunciado acciones similares contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, aunque ambos aseguran no haber sido aún notificados oficialmente.
El total de las indemnizaciones reclamadas a los cinco primeros demandados asciende a 170.000 euros, y se prevé que la cifra global supere los 200.000 euros una vez que se materialicen las reclamaciones al resto de implicados. Las demandas se fundamentan en la supuesta difusión de información falsa, injuriosa y lesiva para el honor del magistrado.
Primeras demandas: Max Pradera y Fernando Jabonero
La primera acción fue dirigida contra Max Pradera, periodista y escritor, a raíz de diversos mensajes publicados en su cuenta de X (anteriormente Twitter) entre mayo de 2024 y febrero de 2025. En dichos tuits, Pradera ironizaba sobre el futuro profesional del juez tras su jubilación y hacía referencias a sus supuestos vínculos con el Partido Popular. Peinado reclama al comunicador una rectificación pública, la retirada de los mensajes, el compromiso de no volver a realizar declaraciones similares y una indemnización de 25.000 euros.
Fernando Jabonero, exconcejal socialista, recibió una solicitud similar por quince mensajes en redes, en los que calificaba al magistrado de «infractor urbanístico» y cuestionaba su conocimiento de la ley procesal penal. El origen del conflicto se sitúa en la situación urbanística de la vivienda del juez en Ávila. Peinado solicita a Jabonero idéntica indemnización y retractación. Ambos demandados han rechazado las condiciones y, hasta la fecha, no han recibido nuevas notificaciones sobre el avance de los procesos.
Intervenciones en medios y nuevas demandas
El 10 de septiembre de 2025, Peinado amplió su ofensiva con demandas de conciliación contra Sergio Calderón, Ernesto Ekaizer y Pablo Iglesias, por declaraciones vertidas en el programa «Malas Lenguas», emitido en TVE. En el caso de Ekaizer, la demanda se centra en afirmaciones realizadas en agosto de 2025, en las que el periodista atribuía al juez comentarios sobre su intención de «terminar con Pedro Sánchez». Peinado exige que se reconozca la falsedad de tales afirmaciones, su retirada de cualquier soporte digital o audiovisual y una rectificación en directo, además de una indemnización solidaria de 60.000 euros a Ekaizer y Calderón.
Pablo Iglesias ha sido requerido en términos similares tras calificar en antena al magistrado como «prevaricador». Se le exige retractarse y abstenerse de futuras declaraciones difamatorias, bajo la advertencia de una querella por injurias y calumnias, así como el pago conjunto de otros 60.000 euros en concepto de daños morales.
Otros implicados y reacciones
El analista político Antón Losada, así como los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, también han sido señalados como posibles destinatarios de futuras demandas por declaraciones públicas sobre el magistrado. No obstante, ninguno de ellos ha recibido aún notificación judicial. El Ministerio del Interior ha adelantado que el ministro Grande-Marlaska no acudirá a ningún acto de conciliación, anticipando así una posible estrategia de defensa institucional.
Defensa y representación legal
La representación legal de Peinado está a cargo de la abogada Guadalupe Sánchez, quien no ha realizado declaraciones sobre los procedimientos en curso. Sánchez es conocida por su actividad en redes sociales y por su implicación en otros casos mediáticos. Por su parte, Francisco José Rives Santos, abogado de algunos de los demandados, ha invocado el secreto profesional para no aportar detalles.
Contexto jurídico y repercusiones
Las demandas de Peinado se producen en un clima de alta tensión mediática y política, en medio de la instrucción judicial sobre Begoña Gómez. Los afectados consideran que estas acciones buscan amedrentar y limitar la libertad de expresión, aunque el magistrado argumenta la defensa de su honor y reputación.
- Se han presentado demandas a periodistas y políticos por declaraciones en redes y medios.
- Las reclamaciones superan los 200.000 euros en concepto de indemnizaciones.
- Algunos de los implicados no han recibido aún notificación oficial.
- Las defensas invocan la libertad de expresión y la falta de fundamento jurídico de las demandas.
El desarrollo de estos procedimientos judiciales será clave para delimitar los límites entre la crítica pública y la protección del honor de figuras relevantes en la esfera política y judicial española.
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