El juez Peinado extiende la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido prorrogar la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, hasta abril de 2026. La instrucción, que comenzó en abril de 2024, se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Ampliación del plazo por diligencias pendientes
Según el auto dictado por el magistrado, la prórroga de seis meses comenzará a contar a partir del 16 de octubre de 2025. Este plazo adicional responde a la existencia de «numerosas diligencias pendientes de resolver», lo que hace inviable concluir la instrucción antes de la fecha inicialmente prevista.
De esta forma, la investigación podría prolongarse hasta mediados de abril de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario desde su apertura, tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
Unificación de la investigación y nuevos requerimientos
El juez Peinado ha recibido la notificación de la Audiencia Provincial de Madrid que indica que toda la investigación debe realizarse en una única pieza, dado que los delitos investigados están conectados. Por tanto, no se desglosará el delito de malversación, como se había planteado previamente.
Entre las diligencias aún por resolver, el magistrado espera informes clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En particular, se solicita información sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relativos al Máster de Transformación Social Competitiva, codirigido por Gómez, así como sobre la creación de otras cátedras extraordinarias.
Adicionalmente, la UCO debe analizar documentación aportada por empresas tecnológicas como Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica. También se aguarda el envío y revisión de correos electrónicos, tanto por parte de la Escuela de Gobierno de la UCM como de Amazon EU, relacionados con los dominios del máster en cuestión.
Peticiones a Presidencia del Gobierno y otras pruebas
Otra de las diligencias pendientes es la solicitud a Presidencia del Gobierno para identificar a todas las personas que han ocupado el cargo de secretario general desde el 11 de julio de 2018. Igualmente, se requiere información sobre quienes han autorizado o gestionado pagos a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, además de la copia de los correos electrónicos oficiales correspondientes.
Por otro lado, el juez debe resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias realizadas. En caso de que la causa llegue a juicio, los cuatro investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín— serían juzgados por un jurado popular.
Origen y ampliación de la causa
La causa se abrió en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, que señalaba que Gómez habría utilizado su posición de esposa del presidente para recomendar empresarios en procesos de licitación pública. Posteriormente, se sumaron nuevas líneas de investigación derivadas de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, que apuntan a presuntas irregularidades en el registro de software y contrataciones relacionadas con la actividad de Gómez y su entorno.
Último año judicial del magistrado
Cabe destacar que el juez Juan Carlos Peinado afronta en 2026 su último año en la carrera judicial, ya que su jubilación está prevista para septiembre, cuando cumplirá 72 años, edad máxima permitida para ejercer como magistrado.
- La instrucción se mantiene abierta por la complejidad y número de diligencias pendientes.
- La investigación se desarrolla en una sola pieza por la conexión de los delitos.
- La causa afecta a varios investigados y podría resolverse ante un jurado popular.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
