El juez Peinado unifica en una sola causa la investigación contra Begoña Gómez
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido acumular en una única pieza toda la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en cumplimiento de la orden dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 3 de octubre. Esta decisión implica la corrección de la anterior estrategia judicial, que preveía juzgar por separado a los distintos implicados en la causa.
Unificación de las piezas judiciales
La resolución del magistrado Peinado recoge la integración de la pieza principal del caso —donde se analizan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo— junto con la pieza separada que investigaba la posible malversación de caudales públicos. De esta manera, todos los hechos y acusaciones quedan concentrados en un solo procedimiento.
La decisión del juez se produce tras ser notificados todos los investigados —Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés— de que, en caso de llegar a juicio, será un jurado popular el encargado de dictar veredicto, como estipula la legislación para delitos de tráfico de influencias.
Origen y desarrollo de la causa
La investigación comenzó en abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, en la que se acusaba a Gómez de aprovechar su posición como esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que participaban en licitaciones públicas.
En consecuencia, el juez imputó a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Este último delito es determinante, ya que la ley establece que debe ser enjuiciado por un tribunal de jurado, lo que obliga a agrupar en un solo proceso todas las conductas relacionadas.
Posteriormente, la causa se amplió tras una querella de Vox por supuestas irregularidades en el registro de software de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez codirigía. En este contexto, se le atribuyeron también los presuntos delitos de apropiación indebida de marca e intrusismo.
Finalmente, se abrió una pieza separada para investigar un posible desvío de fondos públicos en la designación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa y su posible desempeño de funciones privadas para Gómez en el ámbito universitario. Esta pieza también se originó tras una querella presentada por Vox.
Rectificación de la Audiencia Provincial de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid intervino en marzo para corregir la apertura de la pieza separada por parte del juez Peinado, aunque avaló que continuara la investigación sobre estos hechos dentro de la causa principal.
- El tribunal consideró que la apertura de una pieza separada fue «prematura e inmotivada» desde el punto de vista procesal y normativo.
- Se subrayó que la resolución judicial no ofrecía una descripción clara de los hechos ni de los investigados, ni un análisis suficiente de la consistencia de las imputaciones.
- La Audiencia destacó la relación directa entre el presunto tráfico de influencias y la supuesta malversación, por lo que recomendó investigar ambos delitos conjuntamente.
Según el tribunal, «la intervención habitual de quien era directora de programas de Presidencia de Gobierno era supuestamente utilizada como un elemento más de influencia subjetiva en el delito de tráfico de influencias». Además, recalcó que la prueba de ambos delitos está «intrínsecamente unida», lo que hace inviable separarlos en distintas piezas sin una justificación sólida.
Implicaciones de la acumulación de la causa
La acumulación de todas las líneas de investigación en una sola pieza principal facilita el análisis conjunto de los hechos, evitando la dispersión procesal y garantizando una mayor coherencia en la instrucción. En caso de que la causa llegue finalmente a juicio, será un jurado popular el encargado de valorar las pruebas y emitir un veredicto sobre todos los investigados.
Esta decisión marca un nuevo rumbo en el caso Begoña Gómez, que desde su inicio ha estado marcado por la complejidad judicial y el interés público debido a la relevancia institucional de los implicados.
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