El juez Pedraz, en el punto de mira tras asumir la investigación del caso hidrocarburos
Fuentes próximas a la investigación han revelado que, tras asumir el juez Santiago Pedraz la instrucción del denominado caso hidrocarburos, diversos actores relacionados con el entorno del Gobierno central habrían dirigido su atención hacia el magistrado de la Audiencia Nacional. Leire Díez, vinculada al Partido Socialista, y el empresario Javier Pérez Dolset, habrían comenzado a recabar información sobre Pedraz tras su designación en el caso.
El caso hidrocarburos y la operación contra el fraude fiscal
El caso hidrocarburos salió a la luz en octubre del año pasado, cuando el juez Santiago Pedraz ordenó la detención del empresario Víctor de Aldama y de otras trece personas en una operación conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A los investigados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y un fraude que, según estimaciones, superaría los 182 millones de euros.
Durante la operación, las autoridades registraron once sedes empresariales e intervinieron tanto dinero en efectivo como bienes de lujo. Víctor de Aldama fue enviado a prisión el 10 de octubre, aunque posteriormente, el 21 de noviembre, recuperó la libertad tras prestar declaración ante el juez Ismael Moreno, en relación con la llamada trama Koldo. A partir de ese momento, Aldama inició una colaboración con la justicia.
Presiones y recopilación de información sobre el magistrado
Según fuentes consultadas, la decisión de dejar en libertad a Víctor de Aldama convirtió a Pedraz en uno de los principales objetivos de lo que se ha denominado la “cloaca socialista”, una presunta estructura de poder que habría sido coordinada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Durante meses, Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían rastreado posibles datos comprometedores sobre el juez, llegando incluso a obtener material audiovisual sensible que, hasta la fecha, no se ha hecho público.
Declaraciones relevantes y conexiones políticas
En marzo pasado, el propio juez Pedraz tomó declaración a la empresaria Carmen Pano, quien ratificó ante el tribunal haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE situada en la calle Ferraz de Madrid. Pano también confirmó los contactos entre Víctor de Aldama y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para facilitar la llegada de combustible a las Islas Canarias desde países como Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia.
Durante el interrogatorio, el magistrado limitó el tiempo de las respuestas de la empresaria y no permitió que se profundizara en detalles relativos a las entregas de efectivo, aunque sí autorizó preguntas puntuales por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Denuncias del fiscal Ignacio Stampa e implicaciones políticas
La denuncia formalizada por el fiscal Ignacio Stampa, actualmente bajo investigación en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid a cargo del juez Arturo Zamarriego, involucra a figuras de primer nivel político y judicial. Según el relato del fiscal, Leire Díez le comunicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados sobre las reuniones mantenidas.
Stampa también sostiene que tanto Díez como Pérez Dolset le solicitaron información comprometedora sobre el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el fiscal José Grinda; y el magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Estas supuestas presiones y solicitudes formarían parte de una estrategia de recopilación de información sensible en beneficio de intereses políticos.
- El caso hidrocarburos implica un fraude superior a los 182 millones de euros.
- Se investiga la posible recopilación de información comprometedora sobre jueces y fiscales.
- Figuras relevantes del Gobierno y del PSOE habrían sido informadas de los avances en las investigaciones.
Investigación en marcha
La investigación continúa abierta y se encuentra bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Las actuaciones y denuncias han puesto en el foco una posible trama de recopilación de información y presiones sobre miembros de la judicatura y la fiscalía, elevando el caso hidrocarburos a un asunto de máxima relevancia política y judicial en España.
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