El juez Moreno abre una investigación separada sobre la presunta financiación ilegal del PSOE
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar la posible financiación ilegal del PSOE, tras recibir documentación relevante por parte del Tribunal Supremo. Esta decisión se produce en el marco de la causa relacionada con supuestos pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, así como a su asesor, Koldo García.
Apertura de la pieza separada y traslado de documentación
Según ha comunicado el propio juzgado, el magistrado Moreno ha acordado trasladar tanto la apertura de la nueva pieza como la documentación recibida al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas en el proceso. Entre los documentos incorporados destacan las declaraciones prestadas ante el Tribunal Supremo por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, y la empresaria Carmen Pano.
Asimismo, se incluye un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el pasado 8 de octubre, en el que se analizan los hechos investigados. Además, se ha añadido la información facilitada por el propio PSOE sobre los pagos objeto de investigación.
Contexto de la investigación y origen de la documentación
La semana pasada, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de la investigación de la denominada «Trama Koldo», decidió remitir al juez Moreno tanto el informe de la UCO como la documentación entregada por el PSOE sobre los supuestos pagos en metálico a Ábalos y García. Esta medida pretendía que, en caso de considerarlo procedente, la Audiencia Nacional abriera una investigación al respecto.
El informe de la UCO señala la existencia de comunicaciones que apuntan a posibles pagos en efectivo por parte del Partido Socialista Obrero Español a favor de José Luis Ábalos o Koldo García. Dichas operaciones, según el informe, no aparecen reflejadas ni por fechas ni por importes en la información oficial facilitada por el partido en el marco de la causa.
Cabe destacar que tanto Ábalos como Koldo García, en sus recientes comparecencias ante el Tribunal Supremo, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y no ofrecieron explicaciones sobre los hechos investigados.
Cuestiones no aclaradas sobre la gestión de fondos
El auto judicial subraya las dudas surgidas en torno al manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Según lo expuesto, la mayor parte del dinero en caja del partido se destinaba, en principio, a compensar gastos anticipados por miembros de la Secretaría de Organización del PSOE. Sin embargo, el juez cuestiona la necesidad de contratar una empresa de seguridad para trasladar fondos desde la cuenta operativa hasta la caja del partido, y posteriormente repartirlos en metálico, en lugar de realizar transferencias bancarias, un procedimiento más sencillo y transparente.
Estas prácticas, según el juez, requieren una investigación exhaustiva para despejar posibles irregularidades o conductas delictivas en la gestión de los fondos del partido.
Alcance y competencias de la investigación
El auto judicial aclara que, aunque la investigación apunta a posibles actividades irregulares, la competencia del Tribunal Supremo en este asunto se debe exclusivamente a la condición de aforado de José Luis Ábalos como exministro. Por tanto, la pieza separada abierta en la Audiencia Nacional permitirá profundizar en los hechos relacionados con la presunta financiación ilegal, al margen de otras causas en curso.
- Apertura de una investigación separada en la Audiencia Nacional.
- Implicados: José Luis Ábalos, Koldo García y otros miembros del PSOE.
- Documentación clave: declaraciones y un informe de la UCO.
- Se investigan pagos en metálico no reflejados oficialmente por el partido.
La evolución de esta investigación determinará si existen indicios suficientes de financiación ilegal en el seno del PSOE y si se derivan responsabilidades penales para los implicados.
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