El juez del ‘caso Mascarillas’ de Almería abre una nueva investigación contra el expresidente de la Diputación por un viaje a Madrid
El magistrado encargado del conocido como ‘caso Mascarillas’ en Almería ha decidido abrir una nueva causa para investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa relacionados con un viaje realizado por el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, a Madrid en junio de 2025. Este viaje habría sido sufragado con fondos públicos y, según las pesquisas, carecía de actividad profesional o acto oficial que lo justificara.
Origen de la nueva causa
La apertura de esta investigación se apoya en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado el pasado 24 de febrero. El documento pone bajo sospecha varios desplazamientos realizados por García con cargo al presupuesto de la Diputación, considerándolos de carácter personal y no vinculados a la agenda institucional.
El juez ha considerado que hay indicios suficientes para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sin embargo, señala que estos hechos son «completamente distintos» a los que se analizan en la causa principal del ‘caso Mascarillas’, por lo que el asunto será reasignado a otro juzgado de instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.
Detalles del viaje bajo sospecha
Según el informe policial, el viaje tuvo lugar los días 26 y 27 de junio de 2025. En él participaron el expresidente y su jefa de gabinete, con todos los gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos por la Diputación, ascendiendo a un total de 1.892,84 euros. No se ha acreditado ninguna causa legal que justifique la autorización de dichos gastos.
Inicialmente, el desplazamiento se justificó con una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde García ostentaba el cargo de presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Sin embargo, la investigación ha determinado que el expresidente no participó en ninguna actividad oficial ni acudió a la sede de la FEMP durante esos días. En su lugar, se registraron estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.
La autorización del gasto fue firmada por el entonces vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, quien también está siendo investigado en el marco de esta causa.
Separación de los hechos del ‘caso Mascarillas’
El magistrado José Manuel Rey Bellot ha resuelto que estos posibles delitos deben desvincularse de la investigación original del ‘caso Mascarillas’, centrada en la presunta adjudicación irregular de un contrato de suministro de material sanitario valorado en dos millones de euros durante la fase más crítica de la pandemia.
La investigación principal comenzó tras la detención en junio de 2021 del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y ha derivado en el análisis de otros contratos supuestamente fraudulentos en los que habrían participado altos cargos de la institución junto a empresarios y terceros, presuntamente para obtener beneficios ilícitos. Actualmente, la causa principal involucra a 43 investigados, incluyendo políticos, funcionarios, empresarios y allegados.
Trama de contratos públicos y empresas vinculadas
Las diligencias judiciales señalan la posible comisión de delitos como cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de fondos en actividades realizadas entre 2016 y 2021. El origen de las pesquisas se encuentra en la adjudicación a la empresa Azor Corporate Ibérica, que habría recibido comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por contratos presuntamente fraudulentos.
Durante los registros domiciliarios al exvicepresidente Liria y la intervención de dinero a su primo Rodrigo S., la investigación apunta a que el empresario K.L.S., administrador de la empresa investigada, habría entregado sumas de dinero al político para su distribución entre otros cargos públicos implicados.
El caso también examina las actividades de las empresas Pulconal y OYC Servicios Urbanos. Se sospecha que, mediante operaciones ficticias, ambas compañías habrían conseguido la adjudicación de hasta 16 contratos públicos de la Diputación, aprovechando la influencia de Liria y su tío, el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón.
Un sistema presuntamente ilícito de adjudicaciones
Según los indicios recogidos por la investigación, este entramado para la adjudicación irregular de contratos públicos habría contado con el pleno conocimiento y participación tanto del expresidente de la Diputación como del exvicepresidente segundo, situando a la institución provincial como núcleo de la trama.
- Se investigan viajes y gastos personales justificados como institucionales.
- Se examinan contratos adjudicados de forma presuntamente fraudulenta.
- Hay 43 personas investigadas, entre políticos, funcionarios y empresarios.
- Las pesquisas abarcan actividades entre 2016 y 2021.
La apertura de esta nueva causa subraya la complejidad y amplitud de la investigación sobre la gestión de fondos públicos en la Diputación de Almería, situando nuevamente en el foco a sus principales responsables durante los últimos años.
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