El Gobierno exige a varias comunidades autónomas agilizar el registro de médicos objetores al aborto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido un requerimiento formal a los responsables autonómicos de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid, instándoles a que aceleren la creación y regulación del Registro de Personas Objetoras. Esta medida responde al mandato recogido en la Ley Orgánica 2/2010, que garantiza los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud.
- El Gobierno exige a varias comunidades autónomas agilizar el registro de médicos objetores al aborto
- Requerimiento para el cumplimiento de la ley
- Advertencia de medidas legales
- Unanimidad en el Consejo Interterritorial y obligatoriedad del registro
- Garantizar el acceso igualitario en toda España
- Nuevas medidas legislativas y protección constitucional
- Compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres
Requerimiento para el cumplimiento de la ley
Según han informado fuentes oficiales de Moncloa, el Ejecutivo central reclama a estas comunidades que adopten «con la mayor celeridad posible» las acciones necesarias para que el citado registro sea una realidad en un plazo máximo de tres meses. La ausencia de este mecanismo, advierte el Gobierno, está dificultando el acceso efectivo de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por la legislación vigente.
El requerimiento subraya que, casi un año después de la entrada en vigor del mandato, Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid siguen sin cumplir con la obligación legal de establecer dicho registro. Se trata de una herramienta clave para garantizar la libertad y autonomía de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad, tal como ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.
Advertencia de medidas legales
En el propio texto dirigido a los gobiernos autonómicos, Pedro Sánchez advierte que, si transcurridos tres meses desde la recepción del requerimiento no se ha puesto en marcha el registro, se activarán «los mecanismos legales oportunos» para exigir el cumplimiento de la normativa. El objetivo es evitar que la objeción de conciencia de los profesionales pueda convertirse en un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud, independientemente del territorio.
Unanimidad en el Consejo Interterritorial y obligatoriedad del registro
El Ejecutivo recuerda que, en 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo que regula este registro, por lo que su cumplimiento es obligatorio para todas las comunidades autónomas. “La ausencia de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, insisten fuentes gubernamentales.
Desde el Gobierno se recalca que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios nunca debe suponer una barrera para la atención médica de las mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo.
Garantizar el acceso igualitario en toda España
Con este requerimiento, el Gobierno central busca dar un nuevo paso para asegurar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en el ámbito de la sanidad pública, garantizando seguridad, autonomía y libertad en todo el proceso.
- Protección del derecho al aborto en toda España.
- Homogeneización del acceso en todos los territorios.
- Respeto a la objeción de conciencia, sin que esta limite el acceso al derecho.
Nuevas medidas legislativas y protección constitucional
El pasado viernes, el Ejecutivo anunció su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución, reforzando así su protección jurídica. Además, el Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente un decreto destinado a combatir la difusión de información engañosa dirigida a mujeres antes de someterse a un aborto, como respuesta a iniciativas recientes en algunas administraciones locales, como el Ayuntamiento de Madrid.
Compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres
Desde Moncloa se enfatiza que el Gobierno de España continuará empleando todos los recursos legales y administrativos necesarios para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, con plenas garantías de seguridad y autonomía.
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