La estrategia fallida del Gobierno en el caso del ex Fiscal General
La reciente destitución del ex Fiscal General del Estado, García Ortiz, ha puesto de manifiesto una serie de maniobras políticas que han terminado por volverse en contra del propio Gobierno. Lejos de fortalecer su posición, la gestión de este conflicto ha evidenciado una falta de cálculo y ha alimentado el escepticismo de la ciudadanía ante las estrategias oficiales para sortear situaciones de crisis.
Una reacción desproporcionada y mal planificada
El intento de convertir el cese de García Ortiz en un motivo de movilización social no ha tenido el efecto esperado. A pesar de los pronósticos de algunos miembros del ejecutivo, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que auguraba que los españoles recordarían las “maniobras para tumbar al Gobierno” en las próximas elecciones, la realidad ha sido muy distinta.
Lejos de desencadenar una ola de protestas masivas, la respuesta ciudadana ha sido limitada. Las concentraciones en Madrid, Santiago y A Coruña apenas reunieron a unos pocos cientos de personas, una cifra muy inferior a la necesaria para poner en jaque a las instituciones o generar un clima de inestabilidad política. Figuras como Baltasar Garzón o Dolores Delgado, a pesar de su relevancia mediática, no han logrado canalizar un movimiento similar al 15M ni despertar el entusiasmo de las bases progresistas.
El desencanto de las bases y la falta de liderazgo
El intento de presentar a García Ortiz como un mártir de la izquierda o un líder carismático capaz de aglutinar a la sociedad en torno a su figura ha fracasado. A diferencia de otras épocas, la sociedad española no parece dispuesta a salir en masa a defender al Gobierno frente a decisiones judiciales, especialmente cuando estas afectan a figuras poco conocidas fuera del ámbito institucional.
Además, la estrategia de algunos partidos del Gobierno de llamar a la movilización contra una sentencia del Tribunal Supremo resulta cuanto menos cuestionable en el contexto europeo. La defensa del Estado de Derecho es un principio fundamental en la Unión Europea, y la ciudadanía española, históricamente, no se caracteriza por movilizarse en defensa de gobiernos envueltos en polémicas judiciales o escándalos de corrupción.
Un contexto político desfavorable
El desgaste de los partidos que conforman el Gobierno es evidente. El PSOE, tradicionalmente apoyado por un electorado de mayor edad, ya no tiene la capacidad de movilización de antaño. Sumar atraviesa una crisis de liderazgo y Podemos ha desaparecido prácticamente del tablero político. En este escenario, la posibilidad de organizar protestas significativas bajo lemas como “no al lawfare” es extremadamente reducida.
- Los intentos de presentarse como víctimas de la oposición no generan entusiasmo.
- La falta de un mensaje claro y líderes carismáticos limita la capacidad de movilización.
- El contexto judicial y los escándalos de corrupción minan la credibilidad del Gobierno.
Conclusiones: una jugada mal calculada
La gestión del caso del ex Fiscal General ha terminado siendo una jugada política mal calculada por parte del Gobierno. Lejos de fortalecer su posición o de unificar a las fuerzas progresistas, ha evidenciado sus debilidades y la falta de conexión con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. Como bien señaló el ministro Urtasun, “alguien no ha calculado bien la jugada”. En política, elegir mal las batallas puede ser tan perjudicial como perderlas, y este episodio parece confirmarlo.
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