El Gobierno publicará un catálogo oficial de elementos franquistas para su retirada o resignificación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que antes de finalizar noviembre se publicará el catálogo oficial de elementos franquistas que deberán ser retirados o resignificados en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Este listado incluirá desde placas y monumentos emblemáticos, como el Valle de Cuelgamuros, hasta nombres de calles y localidades que mantienen referencias al régimen franquista.
Publicación inminente del catálogo
Durante una sesión de control en el Congreso, Sánchez detalló que el Boletín Oficial del Estado (BOE) será el encargado de difundir este catálogo antes de que concluya el mes de noviembre. El objetivo es eliminar de forma definitiva los símbolos y elementos que exalten la dictadura franquista del espacio público en toda España.
La elaboración de este inventario responde al mandato de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que encomienda al Estado la responsabilidad de identificar y actuar sobre estos elementos, en colaboración con comunidades autónomas, municipios y asociaciones de memoria histórica. El catálogo será actualizado anualmente, permitiendo la incorporación de nuevos elementos a propuesta de víctimas, familiares y colectivos especializados.
Principales elementos identificados
Por ahora, el Gobierno ha confirmado la inclusión del Valle de Cuelgamuros, considerado el mayor monumento franquista del país, que será resignificado mediante un concurso internacional de ideas cuyo resultado se conocerá en noviembre. Otros casos previsibles son el Arco de la Victoria, en Madrid, erigido en los años 50 para conmemorar la victoria franquista en la Guerra Civil, y el Monumento a la Victoria o Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, construido en la década de 1960.
Iniciativas previas y recopilación de datos
Hasta la publicación oficial del catálogo, la identificación y recopilación de símbolos franquistas ha dependido de iniciativas autonómicas, municipales y proyectos colaborativos, como la web deberiadesaparecer.com, impulsada por la Fundación Jesús Pereda de CCOO y financiada en parte por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta plataforma, activa desde 2021, recoge en un mapa interactivo cerca de 6.000 elementos, incluyendo monumentos de gran tamaño como la Pirámide de los Italianos en Burgos o el monumento a los héroes de España en Melilla.
Eduardo España, uno de los creadores de dicha web, ha señalado la importancia de que esta labor recaiga finalmente en las instituciones públicas, celebrando la inminente publicación del catálogo estatal.
Ausencia de sanciones y elementos pendientes
El abogado Eduardo Ranz, especialista en memoria democrática, ha criticado la falta de sanciones contra la permanencia de símbolos franquistas, recordando que la ley permite actuar sin necesidad de esperar al catálogo oficial. Ranz destaca la existencia de unas 4.500 placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda con simbología franquista y considera especialmente relevante la permanencia de seis localidades cuyos nombres hacen referencia directa al franquismo:
- Llanos del Caudillo (Ciudad Real)
- Alberche del Caudillo (Toledo)
- Villafranco del Guadiana (Badajoz)
- Alcocero de Mola (Burgos)
- Quintanilla de Onésimo (Valladolid)
- San Leonardo de Yagüe (Soria)
En cuanto a la nomenclatura de calles, el proceso es más complejo. Por ejemplo, la calle Caídos de la División Azul en Madrid conservó su nombre tras una resolución judicial, a pesar de la intención del Ayuntamiento de modificarla en 2017 siguiendo la Ley de Memoria Histórica.
Criterios legales y excepciones
La Ley de Memoria Democrática considera elementos contrarios a la memoria todos aquellos que supongan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista o de sus dirigentes. Esto abarca edificios, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier objeto situado en espacios públicos, así como referencias en topónimos, calles y denominaciones de centros públicos.
Corresponde a las administraciones públicas la adopción de medidas para retirar estos elementos sin necesidad de esperar al catálogo estatal, aunque existen salvedades. Si un elemento está protegido por su valor artístico o arquitectónico, como ocurre con los bienes de interés cultural (BIC), no será retirado, pero deberá resignificarse con elementos explicativos o informativos que contextualicen su presencia.
Un paso decisivo para la memoria democrática
La publicación de este catálogo supone un avance clave en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y responde a una demanda histórica de asociaciones y víctimas del franquismo. Con su entrada en vigor, se espera que la retirada y resignificación de estos elementos contribuya a una mayor justicia histórica y a la dignificación de las víctimas y la memoria democrática en España.
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