El Gobierno busca respaldo parlamentario para prorrogar la moratoria antidesahucios
El próximo 31 de diciembre expira la actual moratoria antidesahucios, una medida clave dentro del llamado «escudo social» impulsado por el Gobierno de coalición en los últimos años. Este mecanismo ha permitido que inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional puedan solicitar la suspensión temporal de su desalojo, amparándolos frente a posibles situaciones de exclusión social.
Presión social para mantener la protección
Diversas organizaciones sociales han intensificado sus esfuerzos para evitar el fin de esta protección. Hasta 25 entidades, entre las que destacan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, Amnistía Internacional y la EAPN-ES, celebraron este martes un acto frente al Congreso para exigir la prórroga de la moratoria.
El objetivo de estos colectivos es presionar tanto al Ejecutivo como a los grupos parlamentarios y concienciar sobre la importancia de mantener esta medida, especialmente en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda.
El Ministerio de Vivienda apuesta por una prórroga estructural
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, se manifiesta la voluntad de renovar la moratoria. Fuentes ministeriales subrayan la necesidad de que esta protección no dependa de prórrogas anuales, sino que se convierta en una medida estructural para garantizar la atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad.
Sin embargo, la aprobación de la prórroga requiere el respaldo mayoritario del Congreso. La actual coyuntura parlamentaria es más compleja que en años anteriores, debido a tensiones como la ruptura política entre Junts y el presidente Pedro Sánchez, lo que dificulta la obtención de apoyos suficientes para sacar adelante iniciativas de este tipo.
Retos políticos y negociaciones en curso
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, reconoció las dificultades para lograr un consenso amplio entre los diferentes grupos parlamentarios. Lucas recordó que desde 2020, coincidiendo con la pandemia, el «escudo social» se ha renovado varias veces, pero subrayó que cada prórroga requiere una ardua negociación.
Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró recientemente a EH Bildu que la intención del Gobierno es volver a presentar la mayoría de las medidas incluidas en el escudo social para buscar el apoyo mayoritario del Congreso. Sin embargo, desde EH Bildu insisten en que estas medidas deberían ser permanentes y no depender de equilibrios parlamentarios cambiantes. Podemos y otras formaciones mantienen posturas similares.
Sumar y la demanda de medidas urgentes y ampliadas
El grupo parlamentario Sumar también ha instado al ala socialista del Ejecutivo a actuar con urgencia y a convertir la prórroga en una medida permanente. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, reclamó además la ampliación del perfil de personas beneficiarias y la implementación de medidas estructurales más amplias, una demanda en la que coinciden con las intenciones expresadas por el Ministerio de Vivienda.
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Propuestas de Sumar:
- Congelación del precio de los alquileres
- Incremento de la fiscalidad para grandes propietarios de vivienda
- Regulación del mercado de pisos turísticos
Discusiones internas en el Gobierno de coalición
La gestión de la política de vivienda ha sido uno de los principales puntos de tensión interna entre el PSOE y Sumar. Los ministros de Sumar llegaron a proponer en octubre un Real Decreto-ley que incluyera intervenciones directas sobre el mercado del alquiler y los pisos turísticos, mientras que desde el PSOE se defiende el trabajo realizado por la ministra Rodríguez, aunque sin concretar posiciones sobre esas propuestas específicas.
Desde el Ministerio de Vivienda se señala que las conversaciones dentro del Gobierno de coalición son constantes y abiertas, pero insisten en que la clave para avanzar está en alcanzar acuerdos mayoritarios con el conjunto de los grupos parlamentarios. En este sentido, también se trabaja en la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, como parte de un pacto más amplio.
Perspectivas de futuro
El debate sobre la prórroga de la moratoria antidesahucios refleja la complejidad del panorama político actual y la necesidad de acuerdos transversales para garantizar derechos sociales fundamentales. Mientras las organizaciones sociales continúan su presión y el Ministerio de Vivienda muestra voluntad de avanzar, la decisión final dependerá del delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso.
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