El Gobierno lleva a la Justicia la conversión del ICAM en centro universitario autorizado por Ayuso

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El Gobierno recurre ante la Justicia la conversión del ICAM en centro universitario tras el juicio al fiscal general

El Gobierno central ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar la autorización concedida por la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, que permite al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) convertirse en centro adscrito a la Universidad Complutense. Esta decisión, que marca un precedente inédito en el sistema universitario español, permitiría por primera vez que un colegio profesional impartiera títulos oficiales universitarios.

Un caso sin precedentes en el sistema educativo español

La medida fue aprobada el pasado mes de noviembre por la Consejería de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. De salir adelante, el ICAM se convertiría en el primer colegio profesional en la historia de España en otorgar titulaciones oficiales a través de una universidad pública, un hecho que ha generado controversia tanto en el sector educativo como en el político.

El Ministerio y el PSOE-M recurren la decisión

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, liderado por Diana Morant, ha liderado el recurso judicial a través de la Abogacía del Estado. A este se suma el recurso presentado por el PSOE de Madrid (PSOE-M), que considera que la orden es «contraria a derecho» y perjudica los intereses del propio Colegio de Abogados. Los diputados socialistas, miembros del ICAM, argumentan que la normativa interna del colegio no contempla la posibilidad de convertirse en un centro universitario ni de ofrecer titulaciones oficiales, ya que su función institucional no es la docencia, salvo en actividades formativas dirigidas exclusivamente a sus colegiados.

El PSOE-M defiende la legitimidad de su recurso por su condición de colegiados y advierte de los posibles perjuicios institucionales que puede acarrear esta decisión.

Contexto de la aprobación y reacciones del ámbito universitario

La autorización del Gobierno regional fue otorgada el 14 de noviembre, coincidiendo con la celebración del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que el ICAM actuaba como acusación particular. Este hecho ha suscitado suspicacias en torno a la coincidencia temporal, aunque el propio Colegio de Abogados ha negado cualquier relación entre ambos acontecimientos.

Desde el ámbito universitario, la Universidad Carlos III de Madrid ha manifestado su rechazo a la decisión de adscribir colegios profesionales a universidades públicas para impartir titulaciones. Su rector, Ángel Arias, ha calificado de error la creación de este tipo de centros universitarios y ha anunciado la intención de recurrir también la autorización concedida por la Consejería de Educación.

El ICAM defiende la legalidad y transparencia del proceso

En respuesta a las críticas, el Colegio de Abogados de Madrid emitió un comunicado a finales de diciembre en el que subraya que el proyecto para convertirse en centro universitario comenzó en 2022, mucho antes de las denuncias relacionadas con el fiscal general. Además, el ICAM destaca que la tramitación se ha prolongado entre 2023 y 2025, con la elaboración de informes académicos, técnicos y de calidad, siguiendo los procedimientos legales y aún a la espera de la autorización definitiva para el inicio de actividades y futuras evaluaciones externas.

El Colegio ha rechazado «tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios'» en relación con la aprobación de su centro universitario adscrito, insistiendo en la transparencia y legalidad del proceso.

Debate abierto sobre el papel de los colegios profesionales en la educación superior

  • La conversión del ICAM en centro adscrito representa un cambio significativo en el modelo universitario español.
  • La medida ha despertado un intenso debate sobre la función de los colegios profesionales y los límites de su participación en la educación superior.
  • El futuro del proyecto dependerá del pronunciamiento de la Justicia y de los procesos de evaluación aún pendientes.

Mientras se resuelve el recurso judicial, el sector educativo y jurídico sigue pendiente de un caso que podría sentar un precedente sobre el papel de los colegios profesionales en el sistema universitario público español.

Nota:

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