El Gobierno concede el indulto a las sindicalistas de La Suiza
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto a las conocidas como «Las seis de la Suiza», un grupo conformado por cinco mujeres y un hombre, todos sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que en el verano de 2025 fueron condenados a tres años y medio de prisión por delitos relacionados con acoso sexual y laboral.
Una decisión a favor de los derechos laborales
El indulto se ha tramitado a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha defendido durante todo el proceso judicial «la legitimidad de la acción sindical y el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras», considerando inapropiada la condena en el marco de un sistema democrático.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha destacado la importancia de esta medida, subrayando que «nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales». Díaz ha celebrado el indulto y ha calificado la jornada como «un día de orgullo», señalando que el Gobierno se posiciona así del lado de los derechos fundamentales de la clase trabajadora y de la protesta social.
Antecedentes judiciales del caso
El proceso judicial se remonta a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una empleada de la pastelería La Suiza, en Gijón, se presentó en el establecimiento y protagonizó un altercado con el propietario. El incidente terminó con una denuncia del empresario por amenazas y daños en el local.
Con el paso del tiempo, el conflicto laboral escaló y derivó en continuas protestas organizadas por los sindicalistas en la puerta del negocio, lo que según la sentencia judicial provocó el cierre del establecimiento. El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó en junio de 2025 la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para suspender la ejecución de la condena, y el 9 de julio dictó la orden de detención e ingreso en prisión de los sindicalistas, quienes se presentaron voluntariamente al centro penitenciario.
La condena, ratificada por el Tribunal Supremo, incluía dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, además del pago de una indemnización cercana a los 150.000 euros al propietario del negocio. Todo ello en el contexto de un conflicto laboral que suscitó un amplio debate social sobre los límites de la protesta sindical y la tutela de los derechos laborales.
Compromiso institucional con la acción sindical
La vicepresidenta Yolanda Díaz mantuvo en julio de 2025 un encuentro en Asturias con las personas condenadas, comprometiéndose a impulsar desde el Ejecutivo la medida de gracia. El Ministerio de Trabajo ha reiterado la importancia de proteger la actividad sindical y de garantizar que la defensa de los derechos laborales no sea perseguida penalmente.
- El indulto supone la extinción de la pena de prisión para los sindicalistas.
- Se mantiene el debate sobre la proporcionalidad de las condenas en casos de protesta laboral.
- El Gobierno reafirma su apoyo a la libertad sindical y al derecho de movilización.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de respaldo a quienes defienden los derechos laborales y al derecho a la protesta, elementos considerados esenciales en una democracia avanzada.
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