El Gobierno prepara un decreto para frenar la difusión de información engañosa a mujeres antes de un aborto
El Ejecutivo español planea llevar al próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 7 de octubre, una propuesta de modificación del Real Decreto 825/2010. El objetivo principal de esta reforma es impedir que los profesionales sanitarios estén obligados a informar a las mujeres sobre el llamado «síndrome posaborto», una condición cuya existencia carece de respaldo científico.
Respuesta a la medida municipal impulsada por Vox
Esta iniciativa surge como reacción a la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez Almeida (PP), de una propuesta de Vox. Dicha medida obliga a los sanitarios a informar tanto verbalmente como por escrito sobre el supuesto síndrome posaborto a las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno central considera que esta práctica favorece la difusión de información falsa cuyo propósito es coaccionar a las mujeres en su decisión.
Colaboración entre ministerios y objetivos de la reforma
Fuentes del Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, han señalado que el Real Decreto que se pretende modificar fue impulsado originalmente por el Ministerio de Igualdad, con la colaboración de Sanidad. Por ello, será Igualdad quien lidere la reforma, aunque ambas carteras trabajarán conjuntamente en los aspectos de su competencia. Aunque desde Igualdad no confirman aún la presentación del texto en la fecha prevista, el objetivo es acelerar el proceso para evitar situaciones en las que los sanitarios estén expuestos a posibles denuncias por no informar sobre cuestiones sin base científica.
Base científica y organismos internacionales
La reforma busca establecer que toda la información proporcionada por los profesionales sanitarios en el contexto de la interrupción voluntaria del embarazo esté sustentada en evidencia científica objetivable. Para ello, se tomará como referencia la doctrina de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). De este modo, se excluirán de las consultas médicas teorías no avaladas por la ciencia, como el denominado síndrome posaborto.
Blindaje constitucional del derecho al aborto
En el marco de esta ofensiva legislativa, el Gobierno también propone proteger el derecho al aborto en la Constitución Española. Esta medida sigue el ejemplo de países como Francia, donde el aborto ha sido blindado constitucionalmente. La propuesta, que fue presentada hace unos meses por la formación Sumar, ha sido respaldada por su portavoz y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha subrayado la necesidad de proteger los derechos y libertades frente a los avances de posiciones reaccionarias.
- La propuesta de blindaje constitucional no cuenta, por el momento, con la mayoría suficiente en el Congreso, ya que el Partido Popular ha anunciado que no la apoyará.
- El debate sobre el acceso a información veraz y el derecho a decidir continúa siendo un eje central en la agenda política nacional.
Próximos pasos y contexto político
Fuentes de Moncloa han expresado su intención de presentar la modificación del Real Decreto el próximo martes, aunque no descartan su retraso si quedan aspectos jurídicos pendientes. La celeridad en la tramitación responde a la preocupación por la posibilidad de que, bajo la normativa municipal actual, los sanitarios puedan ser denunciados por negarse a informar sobre cuestiones no respaldadas científicamente.
El Gobierno refuerza así su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, asegurando que la información recibida en el ámbito sanitario sea rigurosa y acorde a los estándares internacionales.
Nota:
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