El Gobierno inicia el proceso para extinguir judicialmente la Fundación Francisco Franco
El Ministerio de Cultura ha dado un paso decisivo en el procedimiento para solicitar la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, tras concluir que su actividad es contraria a la legislación vigente en materia de fundaciones y memoria democrática. La entidad dispone ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que el Ejecutivo eleve el caso a la autoridad judicial.
Recopilación de pruebas y argumentos jurídicos
El Protectorado de Fundaciones, adscrito al Ministerio de Cultura, finalizó recientemente la fase de recopilación de información y pruebas. La investigación ha contado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Abogacía General del Estado y expertos en derecho constitucional, así como el análisis de las actividades y contenidos difundidos por la Fundación en medios de comunicación y el testimonio de víctimas del franquismo.
El informe jurídico del Gobierno sostiene que la Fundación Francisco Franco incumple tanto la Ley de Fundaciones como la Ley de Memoria Democrática. Según los estatutos de la Fundación, su principal objetivo es la difusión de la figura y el legado de Francisco Franco, lo que, a juicio del Ejecutivo, no se ajusta a los fines de interés general que exige la normativa para otorgar la condición de fundación, tales como la defensa de los derechos humanos, la asistencia social o la promoción cultural y educativa.
Contradicciones legales y memoria democrática
El Ministerio de Cultura argumenta que la actividad principal de la Fundación se centra en ensalzar la figura de un dirigente de una dictadura condenada tanto por la legislación nacional como por organismos internacionales, mientras que las iniciativas culturales, educativas o de investigación son prácticamente inexistentes.
Además, el informe de la Abogacía General del Estado destaca que los estatutos de la Fundación implican una «apología del franquismo y enaltecimiento de sus dirigentes», ya que hacen referencia al legado y las obras de Francisco Franco en términos que no son neutrales, sino que suponen una valoración positiva y una defensa explícita.
Ejemplos de publicaciones y testimonios de víctimas
Entre las pruebas recabadas figuran publicaciones difundidas por la Fundación que, según los informes, menosprecian o niegan la represión franquista y humillan a sus víctimas. Algunos ejemplos destacados son:
- «Guernica: tragedia, mentira y falsa»
- «El mito del Euskera perseguido por Franco»
- «La mentira de los ‘niños robados del franquismo'»
- «El franquismo no cometió un genocidio, la II República, sí»
- «Sobre la gran mentira de la represión franquista»
Según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, estos contenidos constituyen un trato de menosprecio y humillación hacia la dignidad de las víctimas, negando la represión en asuntos sensibles como la toma de Badajoz, la destrucción de Guernica, los casos de niños robados o la política represiva de la dictadura.
Asimismo, el compendio de testimonios recogidos entre víctimas del franquismo evidencia que el recuerdo de la violencia y represión sufridas sigue vivo, y que los derechos a la verdad y a la reparación, así como los principios del derecho internacional de los derechos humanos, continúan viéndose afectados gravemente por la actividad de la Fundación.
Próximos pasos en el procedimiento judicial
Tras el periodo de alegaciones de la Fundación Francisco Franco, el Ministerio de Cultura elaborará una propuesta de resolución, que será nuevamente remitida a la entidad para que pueda presentar nuevas alegaciones en un plazo de diez días hábiles. Posteriormente, la Abogacía del Estado preparará el informe final que se elevará a la autoridad judicial.
El Gobierno dispone de un plazo de nueve meses para remitir la resolución a los tribunales. Además, fuentes oficiales han confirmado la intención de solicitar medidas cautelares que permitan suspender o limitar la actividad de la Fundación mientras se resuelve el proceso judicial. En caso de que la sentencia sea favorable al Ejecutivo, se procederá a la liquidación de los bienes de la Fundación, que serán destinados a otra entidad sin ánimo de lucro.
Contexto legal y social
La iniciativa del Gobierno se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que busca garantizar el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y evitar la exaltación de la dictadura. El caso de la Fundación Francisco Franco ha sido objeto de debate en la sociedad española, donde diferentes sectores han reclamado su ilegalización por considerar que su actividad es incompatible con los valores democráticos y los derechos fundamentales.
De esta forma, el Ejecutivo inicia un proceso inédito en la reciente historia democrática española, cuya resolución judicial podría marcar un precedente sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática y la regulación de las fundaciones en España.
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