El Gobierno recurre la prohibición de rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo con el objetivo de revocar la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por PP y Vox, que restringe el uso de instalaciones deportivas municipales exclusivamente a actividades deportivas, prohibiendo de este modo los actos religiosos de la comunidad musulmana local.
Suspensión cautelar por limitar la libertad religiosa
El recurso, interpuesto el pasado 13 de octubre, viene acompañado de una solicitud de suspensión cautelar del acuerdo plenario aprobado el 28 de julio. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, la Abogacía del Estado sostiene que la prohibición “tiene como única finalidad limitar injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana”, en contradicción con el artículo 16 de la Constitución española, que garantiza la libertad de culto.
Vulneración de principios constitucionales
El informe de la Abogacía del Estado señala que la medida adoptada por el consistorio infringe el principio de neutralidad confesional que debe regir la actuación de la Administración pública. Además, advierte que la restricción impuesta carece de suficiente justificación legal, vulnerando el principio de reserva de ley y la exigencia de motivación y proporcionalidad en la limitación del uso de espacios públicos.
Según el escrito, la decisión responde a una “finalidad ideológica de exclusión religiosa”, reconocida abiertamente por los promotores del acuerdo, quienes justificaron la medida aludiendo a la necesidad de limitar la práctica de rituales y festividades religiosas “importadas”, como la conocida fiesta del cordero, por considerarlas ajenas a la identidad nacional.
Uso tradicional y sin incidentes del polideportivo municipal
En el recurso, el Estado recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla ha utilizado tradicionalmente el polideportivo municipal para celebrar festividades religiosas durante décadas, siempre mediante solicitud previa y el abono de las tasas correspondientes, sin que hasta la fecha se hayan registrado problemas de orden público.
Falta de respuesta municipal y preocupación por la deriva autoritaria
La presentación del recurso se produce tras la falta de respuesta del Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento emitido por el Gobierno el 11 de agosto, en el que se instaba a anular el acuerdo plenario. Desde la Delegación del Gobierno han manifestado su preocupación ante lo que consideran una “deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha”.
Asimismo, han reafirmado el compromiso del Ejecutivo central de recurrir cualquier medida adoptada por ayuntamientos o comunidades autónomas que limite derechos fundamentales. Esta postura se enmarca en la contestación a otras iniciativas similares, como la implantación del pin parental en el ámbito educativo en Murcia, las restricciones al derecho al aborto en Castilla y León y Madrid, o la derogación de leyes de memoria histórica por parte de formaciones conservadoras.
Contexto y repercusión
El caso de Jumilla se suma a un creciente debate nacional sobre la protección de los derechos fundamentales en espacios públicos y el respeto a la diversidad religiosa, en un contexto de polarización política y social. La resolución judicial de este recurso podría sentar un precedente importante sobre el uso de instalaciones municipales por parte de diferentes comunidades religiosas en España.
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