El Gobierno prorroga hasta 2026 las medidas del escudo social: pensiones, moratoria antidesahucios y ayudas energéticas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prolonga hasta 2026 varias de las medidas incluidas en el denominado «escudo social». Esta iniciativa, que todavía debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, recoge una serie de acciones orientadas a proteger a los colectivos más vulnerables y a impulsar la recuperación social y económica.
- El Gobierno prorroga hasta 2026 las medidas del escudo social: pensiones, moratoria antidesahucios y ayudas energéticas
- Revalorización de las pensiones en 2026
- Extensión de la moratoria antidesahucios y protección de suministros
- Incentivos para la movilidad sostenible y la eficiencia energética
- Ayudas a afectados por catástrofes naturales
- Novedades para agentes medioambientales, bomberos y personal sanitario
- Tramitación parlamentaria y contexto político
Revalorización de las pensiones en 2026
Entre los principales puntos del decreto destaca la revalorización general de las pensiones, que aumentarán un 2,7% en 2026. Según fuentes gubernamentales, este incremento supondrá unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación.
Por su parte, las pensiones mínimas experimentarán subidas más significativas, situándose entre el 7% y el 11,4%. Asimismo, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se incrementarán un 11,4%. Estas mejoras buscan reforzar la protección social de quienes perciben rentas más bajas.
Extensión de la moratoria antidesahucios y protección de suministros
El real decreto-ley también prorroga la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida de especial relevancia en el contexto actual. Además, se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, gas y agua a los hogares en situación de vulnerabilidad, así como la vigencia del bono social eléctrico.
Incentivos para la movilidad sostenible y la eficiencia energética
El texto legislativo contempla la continuidad de los incentivos fiscales dirigidos tanto a particulares como a empresas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Igualmente, se mantienen las deducciones para la realización de obras que mejoren la eficiencia energética en viviendas y edificios.
Ayudas a afectados por catástrofes naturales
Entre las novedades, el decreto establece la exención fiscal para las ayudas personales recibidas por los damnificados de los incendios forestales ocurridos este verano. Además, se prorrogan las ayudas para las personas afectadas por la DANA y se contemplan nuevas exenciones en el IRPF y el impuesto de sociedades para profesionales y empresas de municipios que han sufrido daños, con el objetivo de facilitar la reconstrucción y recuperación económica.
Novedades para agentes medioambientales, bomberos y personal sanitario
El Gobierno introduce una cotización adicional que permitirá a los agentes medioambientales y bomberos forestales anticipar su jubilación. En el ámbito sanitario, se amplía durante un año más la posibilidad para los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras de compatibilizar su pensión de jubilación con el ejercicio profesional, reforzando así la cobertura sanitaria.
Tramitación parlamentaria y contexto político
Todas estas medidas se integran en un único real decreto-ley, tal como ha confirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. El año pasado, una propuesta similar fue rechazada inicialmente en el Congreso debido a la negativa de Junts. Sin embargo, tras posteriores negociaciones, la formación catalana permitió su aprobación a cambio de tramitar una cuestión de confianza que finalmente no se materializó. El Ejecutivo espera contar en esta ocasión con el respaldo suficiente para sacar adelante la prórroga de unas medidas que ya cuentan con antecedentes parlamentarios favorables.
Con esta prórroga, el Gobierno busca consolidar el escudo social como uno de los pilares fundamentales de su política durante los próximos años, reforzando la protección a los colectivos más vulnerables y fomentando la transición hacia un modelo más sostenible y resiliente.
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