El Gobierno lleva a los tribunales a la Comunidad de Madrid por el registro de médicos objetores al aborto
El Gobierno central ha decidido actuar judicialmente contra la Comunidad de Madrid por su negativa a crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto, una medida prevista en la Ley Orgánica 1/2023. La Abogacía General del Estado, siguiendo instrucciones de Moncloa, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el incumplimiento de esta obligación legal.
Un requerimiento ignorado
Hace un mes, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal al Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, instando a poner en marcha el registro confidencial de objetores. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha optado por no atender esta exigencia, lo que ha motivado la actuación judicial del Gobierno central.
Según el comunicado emitido por Moncloa, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública”, subrayando que la negativa regional supone un incumplimiento claro de la normativa vigente.
Advertencias previas desde Sanidad
La ministra de Sanidad, Mónica García, ya había advertido de las posibles acciones legales si la Comunidad de Madrid no cumplía la ley. García concedió un plazo de un mes para la puesta en marcha del registro, advirtiendo que “la señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Le recomiendo que abandone su cruzada contra las mujeres y que cumpla la ley”.
En ese momento, el requerimiento también se dirigió a Illes Balears y Aragón, comunidades que anunciaron el inicio de los trámites necesarios, dejando sola a Madrid en su negativa.
Respuesta desde la Comunidad de Madrid
La Consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, manifestó recientemente que preferían “que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”, reafirmando la voluntad del Ejecutivo autonómico de mantener su postura hasta recibir pronunciamiento judicial.
Acuerdo interterritorial de obligado cumplimiento
Desde el Gobierno central se recuerda que el 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la participación de todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del registro de objetores. Moncloa insiste en que “este acuerdo es de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales”.
Desigualdad de derechos y derivación a clínicas privadas
El Ejecutivo destaca que la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley “atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad”, y genera “una desigualdad de derechos frente a otros territorios”. Además, señalan que esta situación beneficia a las clínicas privadas, a las que se deriva más del 99% de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo en la región.
El objetivo del registro de objetores
El registro de objetores, de carácter confidencial y sin acceso público, está concebido como una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, evitando la derivación sistemática de mujeres a centros privados.
- Permite a la administración sanitaria planificar la atención y los recursos disponibles.
- Garantiza el cumplimiento efectivo del derecho reconocido por la ley.
- Protege tanto los derechos de los profesionales sanitarios como los de las mujeres.
Compromiso del Gobierno central
El Gobierno de España ha reiterado su compromiso de “utilizar todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley y asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública”.
La situación abre un nuevo frente judicial entre el Ejecutivo central y el gobierno autonómico madrileño, en un asunto que afecta directamente a los derechos reproductivos y a la organización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
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