El Gobierno veta la enmienda del PP que buscaba restringir la regularización de migrantes
El Ejecutivo español ha decidido vetar dos enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP) a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia. Entre ellas destaca la iniciativa que endurecía los requisitos para la regularización de personas migrantes, al exigir un certificado oficial de antecedentes penales en todos los casos. La decisión se ha tomado en la Mesa del Congreso este martes, a pocas horas de que ambas enmiendas fueran sometidas a votación en el pleno previsto para el jueves.
Motivos del veto gubernamental
Según fuentes parlamentarias, el Gobierno argumenta que la aprobación de estas enmiendas supondría un incremento significativo del gasto público. En el caso de la enmienda referida a la regularización de migrantes, se estima que sería necesario crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, lo que supondría un coste adicional de 17 millones de euros.
La segunda enmienda vetada, la número ocho, proponía ampliar en dos años las plazas de fiscales de área y de comunidades autónomas, con la creación de 491 nuevos puestos. El coste estimado de esta medida ascendería a 54 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo.
Detalles de la enmienda sobre migración
La enmienda del PP pretendía que todas las solicitudes de residencia exigieran que el solicitante careciera de antecedentes penales y no estuviera involucrado en procedimientos judiciales por delitos tipificados en el ordenamiento jurídico español, ni en España ni en los países de residencia anteriores.
Además, el PP establecía que la carencia de antecedentes penales debía acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del país de origen o de residencia previa. Esto suponía la eliminación de la posibilidad de presentar una declaración responsable en caso de no poder obtener dichos certificados, opción contemplada en la normativa vigente impulsada por el Gobierno.
Tramitación parlamentaria y situación actual
La proposición de ley para combatir la multirreincidencia, promovida por Junts, fue aprobada inicialmente en el Congreso con el respaldo de varias fuerzas políticas, entre ellas PSOE, PP, Vox y PNV. Posteriormente, el texto pasó al Senado, donde el Gobierno ya había intentado vetar las enmiendas del PP. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por los populares, levantó el veto y permitió su inclusión en el dictamen de la Comisión que estudia la norma.
Tras este recorrido, el pleno del Senado aprobó el 18 de marzo la ley para combatir la multirreincidencia, una de las demandas clave de Junts en sus negociaciones con el Ejecutivo. Ahora, el texto regresa al Congreso para su votación final, prevista para el próximo jueves, aunque las enmiendas vetadas por el Gobierno quedan excluidas del debate.
Implicaciones y próximos pasos
- Las enmiendas del PP no serán votadas en el Congreso por el veto del Ejecutivo.
- La ley de multirreincidencia sigue su tramitación, sin los cambios restrictivos propuestos en materia migratoria y de ampliación de fiscales.
- El debate parlamentario pone de relieve la tensión entre el control del gasto público y el endurecimiento de las políticas migratorias.
La decisión del Gobierno subraya la importancia del equilibrio presupuestario en la tramitación de nuevas normativas, especialmente en ámbitos tan sensibles como la gestión migratoria y la estructura del sistema judicial.
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